Los nuevos administradores de la maltrecha Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) han despedido a la exdirectora general María Dolores Amorós.

La CAM fue intervenida por el Banco de España a finales de julio por su mal nivel de solvencia. El 10 de agosto los interventores cesaron a Amorós, si bien seguía cobrando su sueldo.

Los diarios Expansión y El Mundo adelantaban que el Banco de España preparaba el despido disciplinario de Amorós por "buscar el beneficio propio, falsear las cuentas y realizar una gestión deficiente" mientras ocupó el cargo de directora general.

Los administradores de la entidad nombrados por el supervisor consideran que la actuación de Amorós, a la que se le asignó una retribución anual de 593.040 euros, es "reprobable".

Le acusan de pactar con el expresidente de la caja Modesto Crespo una pensión vitalicia de 369.497 euros por ejercicio, con una revalorización del 2% anual desde la jubilación.

Para calcular esa cuantía se usó como base su sueldo de directora general, antes de que este cargo fuera ratificado por la Asamblea de la caja, y no la retribución fija de los tres años anteriores como había acordado el consejo de administración de la entidad.

Además, según el periódico económico, el Banco de España acusa a la exdirectora general de realizar una presentación engañosa de los resultados al firmar unas cuentas que no se correspondían con la realidad para ocultar la debilidad financiera de la CAM.

Al margen de Amorós, el Banco de España también analiza la actuación de su antecesor, Roberto López Abad, quien antes de acogerse a una prejubilación blindó las pensiones de toda su cúpula directiva.