Según informa Expansión, que ha tenido acceso al borrador de decreto ley, aún sujeto a modificaciones, que se aprobará probablemente este viernes en el Consejo de Ministros, se establece que los directivos de la banca: “responderán de los daños y perjuicios causados en proporción a su participación y la gravedad de aquellos”.

Se trata de una novedad importante, ya que abre la posibilidad a que los directivos tengan que pagar por los daños que gestión deficiente cause a la entidad.

Se abre así una puerta que hasta ahora nadie había franqueado, ya que los antigos gestores que en estos momentos están siendo juzgados, como los de la CAM o el Banco de Valencia, están respondiendo por salarios o pensiones ilegítimas o malversar dinero, pero nunca por la responsabilidad de su mala gestión.

Por otro lado también se reduce en 100.000 euros el sueldo anual que pueden cobrar los directivos de las entidades financieras que hayan recibido apoyo público: “La retribución fija por todos los conceptos de presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos de las entidades que sin hallarse mayoritariamente participadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reciban apoyo financiero del mismo será de 500.000 euros”.

En los casos en los que el FROB tenga una participación mayoritaria, el caso de Bankia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia Banco, el límite es de 300.000 euros.

Por otra parte, en el borrador del Real Decreto sobre restructuración y resolución ordenada de entidades financieras también se contempla que esta limitación salarial no tenga necesariamente que ser aplicada a aquellos gestores que han sido contratados tras la intervención pública, que sería el caso por ejemplo del sucesor de Rodrigo Rato al frente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri.

El límite salarial tampoco es aplicable a aquellos gestores de entidades que no tuvieran ningún tipo de apoyo público pero que se fusionen con otras entidades que sí cuentan con ayudas.

Ya en febrero, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy  estableció un límite de 600.000 euros, de Guindos indicó que el "este Gobierno está convencido de que su misión no es fijar los sueldos del sector privado, sino que aquellas entidades que han recibido ayudas públicas tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios".

La norma aprobada en febrero estableció además que las retribuciones variables en entidades con ayudas no pueden superar el 60% del salario fijo. Solo se permite alcanzar el 100% en el caso de directivos contratados con posterioridad a la ayuda y previa autorización del Banco de España.

En concreto, el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, reconoció que percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, lo que le coloca a la cabeza de estas entidades, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales.

El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros.

El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros.

En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.