La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado este martes que su partido llevará la reforma de la Justicia Universal al Tribunal Constitucional si el texto, que pasó su primer trámite la semana pasada en el Congreso, no es modificado en el Senado, iniciativa que apoya el resto de la oposición.

La reforma vulnera "el derecho a la tutela judicial" y se ha aprobado "por las presiones intolerables de otros países" mediante un "atropello al Congreso", ha argumentado Rodríguez en un acto celebrado en la Cámara Baja contra esa reforma, a iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

La portavoz socialista ha criticado que haya sido el grupo popular en el Congreso el que haya propuesto la reforma con el objetivo de que el Gobierno "eludiese" un informe del Consejo General del Poder Judicial.

Ha asegurado que el Ejecutivo, con esta reforma, "ha cedido" a las presiones de otros estados dejando "sin protección a sus propios ciudadanos", y ha recalcado que lo "más grave" es que cuando la ley entre en vigor "se sobresean procedimientos que están abiertos".

Los representantes de la oposición en ese acto y los expertos jurídicos que han intervenido han avalado la inconstitucionalidad de la reforma, tanto por la tramitación parlamentaria de urgencia y en lectura única, como por el contenido.

El diputado de CiU Jordi Jané ha señalado que la reforma vulnera la Constitución porque, entre otras cosas, "no puede ser retroactivo aquello que limita derechos".

En su opinión, el texto "cierra la puerta a la justicia con mayúsculas" y va a generar "espacios de impunidad" que van a afectar a "delitos muy graves" como agresiones a los derechos humanos.

Por la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha criticado que el PP haya creado en el Congreso "un estado de decreto", y fuera de él "un estado de excepción" al ceder frente "a los intereses comerciales, a las dictaduras de los acreedores".

Llamazares también ha manifestado que la reforma es inconstitucional y ha reclamado que la oposición se comprometa a derogarla cuando se produzca un cambio de Gobierno, y que se vuelva a la legislación previa a 2009, año en el que el PSOE introdujo la primera reforma de la Justicia Universal.

Desde UPyD, Irene Lozano ha pedido al PSOE que permita a su partido sumarse al recurso al Constitucional para evitar que salga adelante una ley que "hará que el mundo sea un lugar más cómodo para los peores criminales". "Dejamos que las tiranías dicten cómo se organiza el sistema jurídico español", ha lamentado.

El PNV también apoya el recurso, ha señalado su diputado Emilio Olabarria, aunque se ha preguntado si el Constitucional "será capaz" de pronunciarse contra la norma.

Olabarria ha asegurado que el trámite utilizado para aprobar la proposición de ley es "una verdadera fechoría parlamentaria" que constituye "un fraude de ley", mientras que ha tachado de "antidemocrático" su contenido.

Ester Capella, senadora de ERC, ha manifestado la "poca fe" que su partido tiene en el TC, pero ha asegurado que apoyarán "todas aquellas acciones tendentes a dejar sin efecto la reforma".