El propietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, ha declarado este viernes ante el juez que el sobrecoste que se investiga en la construcción de unas naves que hizo en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) está justificado documentalmente y corresponde a unas modificaciones de obra.

Para ello, ha aportado al juez que instruye el caso un documento, que, según el abogado de uno de los tres imputados, "justifica" este sobrecoste de 17 millones de euros que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.

Agapito Iglesias, que ha declarado durante dos horas y media ante el juez, ha entrado y salido de los juzgados sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, mientras era increpado por un pequeño grupo de hinchas.

Tras su comparecencia, en declaraciones a los periodistas, Juan Monclús, abogado del ex consejero delegado de Plaza y del que fuera viceconsejero de Obras Públicas del anterior Gobierno de Aragón, Carlos Escó, ha dicho que la documentación aportada por el presidente del Real Zaragoza "cambia radicalmente la cuestión".

El abogado ha afirmado que el dueño del Real Zaragoza ha entregado un "documento cero" fechado en abril de 2006 de "carácter técnico" y que, según él, "justifica" estos sobrecostes.

Este documento, según el abogado, regula las relaciones entre Codesport —la sociedad de Agapito Iglesias, a través de la cual construyó las naves que se investigan—, Plaza —mayoritariamente del Gobierno de Aragó— y Autocity, una empresa que, según el abogado, compró las naves en cuestión.

Según el abogado, el motivo del sobrecoste de las obras es que se modificaron las obras en Plaza, con el fin de "personalizar" las naves a la petición del "nuevo comprador", la empresa Autocity. Este documento está firmado por los directores técnicos de las tres sociedades, siempre según el abogado.

Monclús ha acusado a la actual dirección de Plaza de no haber aportado este documento "técnico" a la causa abierta, ni tampoco que haya presentado la "primera certificación que se hizo sobre esta obra", en la que, según el letrado, "ya figuraba que se aumentaban los precios de las naves".

Por su parte, la abogada Irene Romea, letrada de UPyD y que ejerce la acusación popular en este caso, ha afirmado, después de que compareciera el dueño del Real Zaragoza, que la documentación aportada por Agapito Iglesias "no sustenta los 17 millones de euros de desfase".

Además, se ha mostrado extrañada de que "una contratación pública que sale en el Boletín pueda ser modificada por la firma de tres arquitectos".

En cualquier caso, está a la espera de que comparezca el representante de la empresa Autocity, Carlos Ohelin, que ha sido citado a declarar en calidad de testigo para el próximo día 7 de marzo.

Se trata de la segunda vez, en una semana, que el dueño del Real Zaragoza acude a declarar en la capital aragonesa como imputado por el caso Plaza. La anterior ocasión fue en el Juzgado de Instrucción número 1, donde se investigan unos pagos con facturas falsas.

Por este caso que este viernes ha declarado Agapito Iglesias, el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza fijó hace dos días una fianza de 18.850.000 euros, que debe pagar de forma solidaria junto con el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y Escó una fianza sobre la que las partes ha presentado un recurso de reposición.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha decretado este viernes prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros para el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, según han informado fuentes del caso.

García Becerril, imputado en este caso, ha sido citado este viernes a declarar ante el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción en calidad de imputado, a raíz de la investigación abierta por una presunta trama de corrupción y malversación en el desarrollo de este gran complejo industrial, uno de los más grandes de España.

El 'caso Plaza', por el que hay imputadas una veintena de personas, se inició a raíz de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción el gerente actual de Plaza, Jesús Andreu, por unas supuestas irregularidades detectadas en relación a las obras de construcción de esta plataforma acometidas entre 2002 y 2011.