La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE de la Junta de Andalucía, tomará declaración como imputado este miércoles al empresario José María Ruiz-Mateos.

Según sus hijos pagó medio millón de euros al "conseguidor" Juan Lanzas y ordenó incluir presuntos "intrusos" en empresas del grupo.

La jueza ha citado a Ruiz-Mateos y a su hijo Zoilo, después de tomar declaración el pasado 31 de enero a sus hijos Javier, responsable de coordinar los pagos en Nueva Rumasa, y Pablo, encargado de la división hotelera.

En su declaración, notificada ahora a las partes, ambos dijeron que su padre era quien decidió introducir en el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) a dos presuntos "intrusos" que nunca trabajaron en él.

Se trata de José Antonio Cuevas y Claudio Andrés Sendino, procedentes de otras dos empresas del grupo, Autos Marbesol y Viajes Marbesol, donde el primero de ellos había llegado a trabajar 20 años.

Alaya sostiene que los Ruiz-Mateos pagaron al "conseguidor" Lanzas 600.000 euros por cada uno de los cinco ERE del grupo en Andalucía, en billetes de 500 euros y en "dinero B", acusación que los imputados atribuyen a la "enemistad manifiesta" del autor de esas afirmaciones, el exabogado del grupo Joaquín Yvancos.

Por el contrario, Javier Ruiz-Mateos dijo en su declaración que Lanzas pudo cobrar medio millón de euros en pagos de 20.000 o 25.000 euros, que se hacían "cuando su padre lo ordenaba".

Al estallar el caso de los ERE, según Javier Ruiz-Mateos, indagó y se enteró de que Lanzas medió en algunas operaciones de Nueva Rumasa como el arrendamiento de la fábrica sevillana de Clesa, algún tema de Apis en Extremadura y la compra de la fábrica jiennense de Primayor.

Pero "ni siquiera con posterioridad su padre le comentó que Lanzas hubiera intervenido ante la Junta de Andalucía por la cuestión de los ERE" para hacer valer su influencia, según Javier Ruiz-Mateos.

No obstante, los dos hermanos señalaron a su padre como la persona que "supervisaba los pagos que excedieran del tráfico normal de cada empresa", en palabras de Javier.

Pablo Ruiz-Mateos, por su parte, afirmó que "cree que todas las comisiones del señor Lanzas de las que se ha enterado posteriormente" fueron por negocios que le proponía a su padre como la adquisición de empresas en dificultades.

Según Javier, vio a Lanzas "en tres o cuatro ocasiones" hacia el año 2007 en las oficinas centrales de Nueva Rumasa ubicadas en el chalé de sus padres en Somosaguas (Madrid) y su padre le dijo que "era un intermediario que traía negocios al grupo, como muchos otros".

La jueza Alaya imputa a los Ruiz-Mateos un presunto tráfico de influencias al haber conseguido financiación de la Junta para los ERE de cinco empresas del grupo en Andalucía: el hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), Dhul, Garvey, Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos.

Al término de las comparecencia del 31 de enero, la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza civil de 6.485.785 euros para cada uno de los hermanos Ruiz-Mateos, equivalente a la totalidad de la póliza pagada por la Junta para el ERE del hotel Cervantes, asunto sobre el que la juez se pronunciará en los próximos días.