El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, dirigido por Mercedes Alaya, ha emitido un nuevo auto de fecha 31 de julio en el que imputa a otras 23 personas en las diligencias correspondientes los ERE irregulares financiados con dinero de la Junta de Andalucía, según ha avanzado este martes el Diario de Sevilla.

Esta nueva tanda de imputaciones incluiría a dos hijos del conocido empresario José María Ruiz Mateos, Javier y Pablo, implicados según los investigadores en el ERE del Hotel Cervantes de Málaga, propiedad de su familia, informó la agencia Efe.

La relación de los Ruiz Mateos con la trama de adjudicación irregular de ayudas públicas ya había sido señalada en el auto de ingreso en prisión del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, una figura clave en los hechos investigados.

Según este documento, el ERE acordado en Comercial Alimentaria Dhul —que pertenece a los Ruiz Mateos— fue elaborado con la intervención de las aseguradoras Personal Life y Vitalia, con una "comisión del 19 por ciento" y la inclusión en el expediente de tres 'intrusos': la esposa de un sindicalista de CC OO y dos "cuñados" del propio Lanzas, según cita la agencia Europa Press.

En este punto, la jueza señala las "relaciones" entre Lanzas y la familia de empresarios, porque el inculpado habría sido para ellos un "conseguidor de financiación pública y negocios de interés". Lanzas cosechó, presuntamente, financiación pública para cinco ERE de empresas dirigidas porlos Ruiz Mateos, cobrando hasta tres millones de euros, a razón de 600.000 euros por ERE. Alaya incluso menciona que la esposa de Lanzas recogía este dinero "en la casa de los señores Ruiz Mateos".

Además de a Javier y Pablo Ruiz Mateos, el auto del 31 de julio también incluye en la causa a 21 personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Ovejuna, SOS Cuétara, Saldauto, Interur y Cespa.

El 'caso ERE' se basa en la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas de este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas.

En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en el cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.

También se encuentran bajo esta condición el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Alvarez; e incluso el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez. En total, el número de imputados asciende a 116.