Atravesando el Estrecho en patera, trepando la valla de Melilla, solicitando asilo político... Cada semana llegan a España decenas, cientos de inmigrantes en busca de un futuro mejor en Europa. La tragedia ocurrida el pasado 8 de febrero en Ceuta —donde 15 personas murieron al intentar llegar a nado a la costa española mientras la Guardia Civil lanzaba salvas y bolas de goma para disuadirles— es solo el último y más polémico escándalo de una realidad que día a día acrecienta su repercusión social y humanitaria.

Más de 2.000 personas estarían tratando de pasar en la actualidad a España como vía para entrar en la Unión Europea, según cálculos facilitados a este diario por Cruz Roja. No todos son de origen subsahariano, si bien son mayoría. "También acuden muchos argelinos, y a raíz de la guerra de Libia muchos de sus habitantes se han trasladado a esta zona", explica Milagros Núñez, responsable del programa de atención humanitaria de Cruz Roja a inmigrantes llegados por costa.

Camerún, Nigeria, Mali, Níger... Pese a la imagen difusa que llega al español medio, las diferencias entre unos inmigrantes y otros son notables, y comienzan desde la misma partida, en su país de origen. La mayoría emprenden la migración por motivos económicos y no precisamente en dirección a Europa, sino a otros países africanos. Se cuentan por miles también quienes (como ocurre en Mali o Centroáfrica) huyen de la persecución política y religiosa y llegan a las puertas de la UE en busca de una protección internacional.

Más duro para las mujeres. Las rutas de tránsito también delimitan la suerte de unos y otros, y se pueden convertir en un auténtico calvario, con la emergencia de mafias y organizaciones de explotación sexual. Y aquí además, el sexo de las víctimas, es crucial. "En el caso de las mujeres las desigualdades son especialmente brutales: Durante el tránsito es frecuente la violencia de género, los matrimonios forzados o la trata", recalca Núñez, que recuerda que en muchos casos los lugares de destino de estas mafias son España, Italia, Alemania, Bélgica u Holanda, entre otros países.

Así, los miles de subsaharianos se agolpan en Marruecos "en condiciones brutales y con graves riesgos". Las condiciones allí son de absoluta precariedad, viviendo en campamentos de montaña, sin acceso a servicios básicos y en ocasiones "comiendo literalmente despojos de los marroquís", denuncia esta responsable de la ONG Cruz Roja. En este contexto, y una vez descartada la posibilidad de volver ("para evitar reconocer el fracaso") no es extraño que miles de ellos se arriesguen a cruzar la frontera, aunque para ello cientos se dejen la vida en el intento.

Diferencias hasta en las lanchas. Las diferencias son también notables en la propia forma en que se emprende la entrada en España. Los que no tienen recursos económicos no tienen otro remedio que intentar saltar la valla o llegar a nado a la costa. De nuevo más diferencias entre aquellos con posibles que son capaces de cruzar el estrecho en una embarcación: "Los argelinos suelen contar con una lancha de calidad europea; los marroquís con embarcaciones más rudimentarias, y los subsaharianos con botes de mucha peor calidad", asegura Milagros Núñez.

Los que no son interceptados. Para aquellos que tienen la suerte de llegar a territorio español y no son interceptados por las fuerzas de seguridad, comienza una carrera por permanecer oculto ante los controles policiales. Muchos, pese a las dificultades para desenvolverse en una cultura distinta, logran contar en muchos casos con una vivienda gracias al apoyo de una extensa red familiar, "mucho más grande que como la conocemos en Europa", indica Núñez. El objetivo, si no pasa por entrar en otro Estado europeo, pasa por instalarse en el país, encontrar un empleo y lograr un permiso por arraigo. Para conseguirlo se necesita demostrar, al menos, que se tiene trabajo, o una estancia de tres años en el país, así como un informe favorable por parte de los servicios sociales del ayuntamiento de residencia.

Detenidos en cualquier momento. "Cuando estás en situación irregular no estás autorizado a trabajar ni a recibir atención sanitaria (a no ser que se trate de una urgencia). En cualquier momento, la Policía los puede expulsar y multar, o puede enviarlos durante 60 días a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se ejecuta la expulsión", comenta Francisco Rojo, responsable jurídico de Accem, ONG especializada en la ayuda a inmigrantes irregulares. Tal como señala, el hecho de que sean devueltos o no a sus países de origen depende sobre todo de dos variables: "Que exista un acuerdo bilateral entre España y el país de origen y que la documentación del inmigrante esté en orden. Una vez consumada la expulsión, hay un plazo de 3 años donde no le está permitido intentar volver a España".

Un limbo jurídico. En el caso de que ninguna de estas opciones se materialice, la persona afectada pasa a un limbo jurídico en el que es considerada "inexpulsable. Ni están legales en España ni pueden volver. Todo el sistema está montado para que, o haya un permiso, o te expulsen", insiste Rojo, quien denuncia además que la precaria situación de estas personas acaba desembocando en exclusión social, ya que no tienen permiso para trabajar, lo que les impide a su vez acceder a servicios básicos.

60 días en un CIE. Aquellos que, por contra, son detenidos por las autoridades, pasan directamente al centro de internamiento, donde generalmente se les abre un expediente de expulsión inmediatamente. Entonces, al cabo de 60 días, o bien se les expulsa o bien pasan a estar en el limbo legal de los "inexpulsables". Algunas cifras: el pasado año, de las 60.000 personas que fueron acogidas en CIE, apenas 5.000 fueron expulsados definitivamente, según datos de Cruz Roja. El resto, "se queda en libertad, pero sin papeles, en situación administrativa irregular", subraya Milagros Núñez.

Ayuda de autoridades y ONG. Adherido a su llegada a España, las ONG junto con el Ministerio de Empleo desarrollan un programa de ayuda a los inmigrantes no expulsados. Estas organizaciones proveen una atención humanitaria básica a los recién llegados: Les dan a conocer sus derechos y deberes, un conocimiento básico del entorno, cómo es su situación administrativa, su acceso al derecho a la salud, cómo alquilar un piso... Estos cursos intensivos para poder moverse por su nuevo hogar dura habitualmente tres meses en el caso de los hombres y seis meses en el caso de las mujeres con hijos.

"Con frecuencia no acaban el curso y se van antes", reconocen desde Cruz Roja, ya que en muchos casos el destino final no es España, sino otros países de la UE. Además, entre muchos subsaharianos no existe la conciencia de la importancia de contar con unos papeles en regla, "ya que en sus países de origen no existe esa necesidad", añade.

Sin límites al limbo legal. ¿Hay límites para esta situación de limbo administrativo? Tal como aseguran fuentes de Accem y Cruz Roja son frecuentes los casos de inmigrantes sin papeles que llevan más de una década en situación ilegal. Eso les lleva a malvivir en viviendas irregulares, en asentamientos rurales... En cuanto al mercado laboral, su situación nunca había sido homologable a un ciudadano de pleno derecho, si bien se ha deteriorado con la crisis económica: "Antes encontraban fácilmente trabajo en la construcción o en la agricultura, como jornaleros. Ahora, con los actuales niveles de paro, lo tienen mucho más difícil", explica Núñez.

A la vista de esta precariedad, ¿Por qué apenas se acogen a los programas de retorno voluntario? Otra vez, según los expertos, el orgullo: "Para ellos sería un fracaso enorme regresar. Pueden estar en unas condiciones muy duras, pero a su gente le dicen que están muy bien. Esto a su vez retroalimenta que más inmigrantes quieran venir a Europa", recalcan.