El expresidente del Barcelona Sandro Rosell fue absuelto en un proceso civil de las acusaciones de beneficiarse de un contrato sin licitación para organizar un partido amistoso de fútbol en Brasil pero continúa respondiendo ante la justicia penal por el mismo caso, dijeron este martes sus abogados.

En el proceso penal aún no hay una decisión del tribunal, pero confiamos en que las cosas también queden claras como ocurrió en el juicio civil", dijo a Efe el abogado Antenor Pereira Madruga, uno de los defensores de Rosell en Brasil.

Según un comunicado divulgado por los abogados de Rosell en Barcelona, la justicia brasileña absolvió a la compañía Ailanto Marketing, de propiedad del expresidente del club catalán, de la acusación de que se benefició ilegalmente de un contrato sin licitación para organizar un amistoso en Brasilia en 2008.

La empresa era acusada de haber recibido unos 3,2 millones de euros por haber organizado un amistoso entre las selecciones de Brasil y Portugal sin que la contratista, la gobernación de Brasilia, hubiese abierto una licitación para escoger al organizador del evento.

El mismo juez civil mantuvo los cargos contra el entonces gobernador de Brasilia, José Roberto Arruda, y contra el exsecretario general de deportes del Distrito Federal, Agnaldo Silva de Oliveira, acusados de haberse beneficiado del contrato sin licitación. Ambos fueron condenados a la pérdida de los derechos políticos por cuatro años y al pago de multas equivalentes a 50 veces el salario que recibían en la época de las denuncias.

La decisión inicial, sin embargo, aún puede ser revocada y los dos políticos condenados manifestaron su decisión de recurrir ante un tribunal superior.

En el caso de Ailanto Marketing, el magistrado consideró que el pago recibido por la empresa como organizadora del amistoso "era razonable" y que la compañía "cumplió con todas sus obligaciones", por lo que la absolvió de las acusaciones. El juez también declaró "la falta de fundamento para demandar a Sandro Rosell en el proceso".

"Las cosas quedaron muy claras en el proceso civil. Los gastos fueron demostrados y justificados. Los hechos del proceso penal son los mismos por lo que esperamos una decisión semejante", aseguró Pereira Madruga.