La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha asegurado que "no se ha avanzado absolutamente nada" en la comisión bilateral entre Ejecutivo central y canario para abordar la ley turística de las islas, y que finalmente el ministro del área, José Manuel Soria, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC).

Así se ha manifestado Hernández Bento, en declaraciones a los medios, quien afirmó desconocer si había convocada una reunión de la comisión para esta semana como ya lo indicó este lunes el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas.

"Desconozco si había convocada una reunión o no. Lo que sí les puedo decir es que no se ha avanzado absolutamente nada y sí que se han producido varias reuniones, por lo tanto, cuando uno no quiere, el otro tampoco puede", apuntilló.

Asimismo, consideró que se judicialicen este tipo de decisiones "no" es una buena noticia "nunca", ya que apuntó que "tendrían que tener carácter político". En este sentido, criticó que "tampoco parece que tenga mucho sentido que se intente imponer desde el Gobierno de Canarias qué tipo de hoteles y qué tipo de construcciones se pueden realizar, en este caso, en la isla de Gran Canaria".

Por otra parte, al ser cuestionada si será este viernes cuando Soria lleve al Consejo de Ministros la decisión de recurrir la norma al TC, la delegada indicó que "así lo manifestó —el ministro— y habrá que esperar a que sea así", al considerar que al Gobierno de España "por responsabilidad, y por competencia también, no le queda otro remedio".

Agregó que, aunque el Gobierno de Canarias está "acostumbrado a recurrir casi prácticamente cualquier norma del Gobierno de España ante los tribunales", en este caso apuntó que "la libertad de mercado está muy por encima de todo y, por lo tanto, no ha quedado más remedio".

En cuanto a la posibilidad de que esta decisión del Ejecutivo central, de recurrir la norma, pueda crear inseguridad en las inversiones, Hernández Bento apuntó que "la inseguridad siempre es una percepción muy variopinta", cuestionándose qué es lo que produce dicha inseguridad.

"Creo que las normas deben de ajustarse a la legalidad y en este caso parece que el Gobierno de España aprecia lo contrario y, por lo tanto, tiene la obligación de proceder como lo está haciendo. La voluntad de consenso ha existido y sino se ha conseguido es porque no se ha podido, no es porque no se haya intentado", concluyó.