El grupo parlamentario del Partido Popular ha presentado este lunes un escrito en el Congreso de los Diputados para imponer la máxima celeridad que la legalidad permite dentro de los plazos para tramitar su proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que acabaría para siempre con la capacidad de la Justicia española de aplicar la justicia universal.

Según publica el diario El Pais, el PP se ha valido se su mayoría absoluta en la Cámara Baja para tratar reducir la jurisdicción internacional de los magistrados españoles antes de que acabe el mes de marzo, haciendo que se archiven hasta doce casos que se encuentran abiertos en la Audiencia Nacional, como el del asesinato en Irak del cámara de televisión José Couso o los genocidios en el Tíbet.

La alternativa del Ejecutivo era esperar al trámite de informes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, lo que habría prolongado el proceso de dar carpetazo a la justicia universal hasta el verano.

Dentro del partido creen que esto habría avivado la polémica entre los ciudadanos y habría aumentado las posibilidades de un conflicto diplomático con algunos socios internacionales como China, según ha reconocido el propio portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso.

Para poder activar esta vía ultrarrápida para reformar la Ley, los populares se han valido de un artículo de Reglamento del Congreso según el cual "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomado en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única".

De hacerse lo mismo en el Senado, el texto no se podrá enmendar, sino solo vetar con mayoría absoluta, y los plazos de enmiendas se reducirán a la mitad.

Así, el PSOE, que al igual que el resto de los grupos rechaza la proposición de ley, calcula que el PP podrá aprobar el texto en el pleno del 13 de marzo, para que el Senado lo pueda aprobar antes de acabar el mes. No obstante, el grupo socialista ha anunciado su intención de recurrir la propuesta de ley al Constitucional, por considerarla contraria a los tratados internacionales, que tienen la misma fuerza que la Constitución.

Si finalmente la reforma sale adelante, los jueces españoles solo podrán investigar aquellos delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra cuando "el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".