El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, ha anunciado que el proyecto de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, conocido como Ley Lassalle, incluye una compensación a los editores —o autores como periodistas y escritores que no tengan cedidos los derechos— "frente a determinado tipo de utilización de contenidos por agregadores" en Internet. Es una "adaptación" del límite de cita o reseña.

La norma autoriza con carácter general "el uso de fragmentos no significativos" de contenidos informativos, de formación de opinión o de entretenimiento sin autorización por parte de los titulares de derechos pero "con un derecho irrenunciable" de compensación. Quedan excluidas las fotografías y también "lo que es la actividad de búsqueda mediante palabras aisladas", ha explicado.

Es una de la novedades del texto respecto a versiones anteriores. El ministro ha calificado de "pionera" esta medida y, preguntado por las críticas respecto a la exclusión de buscadores como Google del proyecto, ha asegurado que se trata de "exactamente al contrario". Esto podría afectar también directamente a las redes sociales, donde suelen compartirse a diario miles de contenidos sujetos a derechos de autor.

Durante la Conferencia Anual de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), el pasado mes de diciembre, el ministro Wert aseguró estar dispuesto a estudiar "posibles fórmulas legales" que evitaran las prácticas abusivas de buscadores como Google. Entonces defendió la necesidad de conseguir fórmulas "por la vía del acuerdo" entre los editores de los medios de comunicación y el buscador "que permitan soluciones" al conflicto.

Tras ser aprobado este viernes en Consejo de Ministros, el proyecto de ley comienza a partir de ahora su tramitación en las Cortes, donde podría volver a experimentar cambios en su redacción. El ministro Wert dice que esta es una reforma "acotada" a algunos aspectos relacionadas con la propiedad intelectual que requieren una "mayor urgencia" y dice que "queda pendiente una reforma de mayor alcance y más profunda".

El texto definitivo del proyecto de ley se ha desarrollado, según autores, juristas, usuarios, operadoras y anunciantes, con bastante opacidad y obviando recomendaciones de órganos como el Consejo de Estado. 20minutos se ha puesto en contacto justo después de su aprobación con Presidencia del Gobierno y con el Ministerio de Cultura para pedir una copia —no se ha hecho público— para poder informar sobre los detalles, pero ha obtenido la negativa por respuesta.

Ante las preguntas de 20minutos, de hecho, fuentes Google España aseguran que tampoco ha podido leer la redacción final del proyecto de ley y que prefieren esperar a realizar valoraciones, ya que no saben cómo resultaría la aplicación.

El socio fundador de Menéame Ricardo Galli, por su parte, ha asegurado en varios tuits que con esta ley, "la 'doctrina cultural' triunfante es la mercantilista, con la complicidad necesaria de "intelectuales de la cultura". Cree en niveles de persecución del intercambio de archivos "se iguala al anglosajón", pero que además en este caso los agregadores deben de pagar, como ocurre de forma similar en otros países como Francia y Alemania.

La reforma de la ley, heredera de la Ley Sinde, refuerza también los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión, con mayores garantías de transparencia. De esta forma, se crea un mecanismo de "ventanilla única", una entidad de carácter privado para el pago de los derechos de propiedad intelectual en la que tendrán que participar todas las entidades de gestión y que unificará el sistema de pago.

Por otro lado, acota los límites del concepto de copia privada, una medida que, según el Gobierno, "tiene carácter transitorio, a la espera de la necesaria armonización comunitaria". El proyecto amplía el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias.

La Ley Lassalle modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que el titular que vea dañados sus derechos pueda pedir a un juez la identificación del titular de una página web" sobre el que concurran indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo a gran escala contenidos protegidos, de forma directa o indirecta". Asimismo, refuerza el papel de la Comisión de Propiedad Intelectual.

La Sección Segunda, explica la referencia del Consejo de Ministros, podrá actuar frente a las páginas web "que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria". Podrá actuar para "estrangularlas "económicamente, y para ello, tal y como constaba ya en la primera versión del texto, requerirá de la ayuda de "intermediarios de pago electrónico y de publicidad".

También podrá pedir "al juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web". Si no se produce la retirada de contenidos después de un requerimiento, la Comisión podrá imponer sanciones de 30.000 hasta los 300.000 euros. La referencia del Consejo de Ministros asegura que todas estas medidas "en ningún caso afectan a los usuarios finales de Internet.

El proyecto de ley amplía el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias. Se podrán usar, ha explicado el ministro, "pequeños fragmentos" de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico para ilustrar la enseñanza reglada (universitaria y no universitaria) y la investigación.

En cuanto a las entidades de gestión, se establece un refuerzo de la transparencia y vigilancia mediante tres agentes de supervisión. Por un lado, será el propio Ministerio de Cultura, a través de la Secretaría de Estado, el que abordará las cuestiones relativas a las obligaciones de transparencia con los propios asociados, hacia el público en general y las administraciones públicas, estableciendo para los casos de incumplimiento un régimen de infracciones y sanciones.

Así, las sanciones económicas estarán vinculadas a un porcentaje de la recaudación del año anterior de la entidad de gestión que variará según sea la gravedad de la infracción, porcentaje que podrá llegar hasta el 2%.

Además, como paso previo a la inhabilitación de la entidad, que es la sanción vigente más grave, se establece la posibilidad de que se intervenga la entidad nombrando un gestor interino con el objetivo de desarrollar todas aquellas actuaciones que permitan reconducir su funcionamiento para que dé cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley.

El documento también somete a la aprobación de la Secretaría de Estado de Cultura la actual facultad de crear fundaciones y sociedades mercantiles, siempre que estén suficientemente justificadas y con carácter excepcional. Y se instaura un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago.

Por último, la LPI incluye la trasposición de dos directivas europeas, una que amplía los derechos de las obras musicales con letra de los 50 a los 70 años, mientras que la segunda establece mayor seguridad jurídica para los usos autorizados de obras huérfanas.