Bruselas reclamó, por un lado, que reembolse 113,4 millones, importe equivalente al total de primas pagadas en las campañas 1998/99 y 1999/2000, además de otra partida, de 21,08 millones de euros, correspondiente a fondos otorgados entre 1996 y 2000 al sector del lino y el cáñamo, según las fuentes.

La sanción forma parte de una "liquidación de cuentas" general, en la que la CE reclama fondos agrícolas a otros nueve países, por valor de 277,25 millones de euros. La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, manifestó:"el dinero de los contribuyentes europeos debe ser gastado adecuadamente y la CE continuará con una posición dura para erradicar malas prácticas y controles lasos. No dudamos en recobrar el dinero malgastado por los Estados miembros".

Con esta decisión, Bruselas hace efectivo el requerimiento a España sobre la devolución de subvenciones, por el fraude descubierto en 1999, que provocó el escándalo de los llamados "cazaprimas".

La CE exige recobrar 113,4 millones de España por "graves deficiencias" en el sistema de control y fraude generalizado en el sector del lino en las temporadas que terminaron en 1999 y 2000. Por este motivo, reclama el total de las primas otorgadas durante esas campañas de comercialización.

Además, Bruselas reclama a España 21,08 millones de euros por carencias en el control de los fondos para los sectores del lino y el campo. De este importe, una parte es por deficiencias en la vigilancia de las dotaciones otorgadas al lino durante las campañas 1996/97 y 1997/98, por lo que la sanción corresponde al 25% de las ayudas; en el cáñamo, afecta al 10% de los fondos otorgados en 1996/97 y en 1997/98, así como el 25% para las campañas 1998/1999 y 1999/2000.

Bruselas decidió también exigir que España que devuelva 350.000 euros por carencias en el control de las ayudas al sector del plátano y 80.000 euros por deficiencias en la gestión de las medidas forestales y agrícolas del desarrollo rural.

El cobro de subvenciones al lino en España por los llamados "cazaprimas" provocó un escándalo que alcanzó un gran impacto político en 1999, año en el que hubo varias dimisiones en el Ministerio de Agricultura y se creó una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados