La provincia de Málaga recibirá una dotación presupuestaria extra de 1,7 millones de euros para atender a las personas en situación de dependencia, según han informado en rueda de prensa del delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Daniel Pérez.

Con esta partida presupuestaria, según ha explicado Ruiz Espejo, "la Junta de Andalucía financiará durante este año el mantenimiento de los contratos de los trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en los servicios sociales comunitarios".

Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y proporcionar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.

Así, esta medida supondrá financiar la contratación este año de 50 trabajadores sociales en la provincia, de un total de 268 que hay en el conjunto de la Comunidad.

Por municipios, los 1,7 millones de euros se distribuirán entre la Diputación Provincial, que recibirá 302.000 euros, y los ayuntamientos de 16 municipios de más de 25.000 habitantes —Alhaurín de la Torre (34.800 euros), Alhaurín el Grande, Antequera, Benalmádena, Cártama (32.200 euros), Coín, Estepona, Fuengirola, Málaga capital (552.000 euros), Marbella (105.000 euros), Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria Ronda, Torremolinos, Vélez-Málaga (81.000 euros)—.

En total, en Málaga hay 25.953 personas que se benefician de la Ley de Dependencia, y que reciben en total 34.964 prestaciones. La diferencia entre beneficiarios y prestaciones se debe a que hay algunas personas que tienen más de una ayuda, tal y como han explicado, a la vez que han señalado que esa doble prestación, a partir de ahora, "estará a cargo solo de los presupuestos de la comunidad autónoma".

En este sentido, Ruiz Espejo ha valorado que "esta nueva aportación poner de manifiesto la apuesta firme por el derecho a la atención a las personas en situación de dependencia, a pesar de los obstáculos que provienen del Ejecutivo nacional, a través de los cambios normativos y los recortes económicos".

Para el conjunto de la región, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 14 de enero distribuir en total 10,29 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 82 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes. Así, el delegado de Salud ha matizado que la partida dirigida a la provincia de Málaga es, tras la de Sevilla, "la de mayor cuantía".

Por su parte, Pérez ha especificado que "en los últimos tres años la derogación encubierta que realiza el Gobierno central de esta importante normativa, ya ha supuesto una merma de 314 millones de euros a la comunidad andaluza para la atención de la población más vulnerable"

Andalucía es la primera comunidad autónoma en el desarrollo de la Ley de Dependencia, según ha explicado el delegado de Salud. Las 167.700 personas beneficiarias en Andalucía representan el 22 por ciento del total nacional, estando cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional, que es del 18 por ciento.

Además, José Luis Ruiz ha dado más datos, como que Andalucía es la comunidad autónoma que más personas dependientes atiende, que una de cada cuatro prestaciones de dependencia se da en Andalucía —hay 228.557 prestaciones concedidas— y que el 35 por ciento de la ayuda a domicilio del total de España se presta en Andalucía, así como el 47 por ciento de la teleasistencia.

Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.

Contando con los recursos consignados para 2014, Andalucía ha destinado a este fin 131,39 millones de euros, mientras que para el total desarrollo de la ley, se han dedicado 6.743 millones. Igualmente, en los presupuestos de 2014 la Junta reserva 1.115 millones para atender el sistema de atención a las personas en situación de dependencia.

Nuevos cambios normativos

Los delegados de Gobierno y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga han informado igualmente de nuevos cambios normativos que, en últimos días de diciembre, se aprobaron por parte del Gobierno central.

Según han criticado estos desarrollos normativos introducen "mayor burocratización en el acceso del ciudadano a las prestaciones". Así, Pérez ha explicado que se exige, por ejemplo, que junto con la solicitud, la persona solicitante presente documentación relativa a su situación económica y patrimonial cuando aún no se ha valorado si la persona presenta o no situación de dependencia.

No obstante, han asegurado que para facilitar los trámites, la Junta no exige la presentación del informe de salud junto con la solicitud, sino que es la propia Administración la que se encarga de obtenerlo solicitándolo directamente al Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Del mismo modo, Pérez se ha referido también a la "bajada de la intensidad de la ayuda a domicilio", que ya se establecía en el Real-Decreto 20/2102 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. "La intensidad de la ayuda a domicilio se ve reducida hasta en 20 horas para grandes dependientes, pasando de 90 a 70 horas mensuales de atención máxima", ha agregado.

Estos nuevos decretos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, también endurecen, según han detallado, los requisitos que deben cumplir las personas cuidadoras del entorno familiar "obligándoles, por ejemplo, a acreditar que llevan viviendo en ese mismo domicilio al menos un año".