El Gobierno baraja la opción de modificar el actual Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de forma que estos empleados por cuenta propia pasarían a cotizar en función de sus beneficios a efectos fiscales —el rendimiento neto: Ingresos íntegros menos gastos deducibles— y no como hasta ahora, con bases de cotización voluntarias; es decir, que cada trabajador decidía dos veces al año con qué base cotizar. Esta medida se estudiaría en paralelo a la posibilidad de elegir mensualmente la base de cotización, propuesta que se lanzó en noviembre.

Aunque fuentes oficiales del Gobierno han señalado a este diario que no hay ninguna negociación abierta con los autónomos respecto a este asunto, desde las dos principales asociaciones de autónomos aseguran que el tema está sobre la mesa del Ejecutivo, y el diario Cinco Días ha dado por hecho que se estudia la medida. Este mismo lunes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, acudió a un acto con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), y escuchó cómo su presidente, Lorenzo Amor, reclamaba medidas concretas para impulsar la financiación, así "como la reforma del RETA para que las cotizaciones se fijen sobre sus rendimientos netos y no sobre suposiciones", tal como señaló públicamente.

Si bien públicamente Moncloa no ha confirmado que la medida se llevará a cabo y postergan cualquier decisión a (como mínimo) la publicación a finales de febrero del informe de los expertos sobre la reforma fiscal, tanto desde ATA como desde la otra gran organización de autónomos (UPTA) dan por hecho que el Ejecutivo está preparando un borrador en este sentido. "Les lanzamos una propuesta para que ellos estudien qué tramos de cotización imponer. Tenemos que esperar a que nos manden los tramos de cotización que ellos decidan, y entonces comenzarán las negociaciones", explican los portavoces de ATA.

"Es una propuesta histórica de las dos organizaciones, a la que el Gobierno siempre respondía que no por problemas en la gestión de unas bases de cotización tan diferenciadas [no estaban preparados para contrastar que los ingresos y las bases eran las correctas]. Ahora dice la Seguridad Social que sí que están preparados para gestionarlo", explica Sebastián Reyna, secretario general de UPTA, para quien la medida, "que el Gobierno siempre ha dicho que es razonable", no solo conllevará una mayor recaudación para el mermado sistema público de protección, sino también más justicia en el reparto de las cargas tributarias.

Uno de los orígenes de la reivindicación para cotizar según lo que se gane está en el vigente modelo de cotización. Actualmente, los trabajadores autónomos pueden escoger básicamente dos únicas bases de cotización: Una para bases entre 858,6 euros y 1.030,7 euros y otra a partir de 1.030,7 euros. Así, con este sistema, se impone una cuota mínima mensual que oscila entre los 250 y los 300 euros para cualquier empleado por cuenta propia, ya que la Administración estiman que ninguno gana mensualmente menos que esos 858,6 euros mensuales.

Pero todos conocemos a autónomos que cobran cantidades por debajo de esa cifra "mínima". De esta forma, y según cálculos de UPTA, "aproximadamente un tercio de los autónomos españoles —alrededor de un millón de personas— cotiza por encima de sus ingresos, ya que no llega siquiera a la base mínima", tal como denuncia Sebastián Reyna. En el otro lado de la balanza, también alrededor de un tercio de estos microempresarios cotiza por debajo de sus ingresos anuales.

El sistema puesto a disposición del Gobierno para su estudio conllevaría que cada autónomo cotizaría a la Seguridad Social según sus posibilidades reales, por lo que ya no podría decidir cúanto pagar, como han hecho hasta ahora. En cuanto a las consecuencias, para el millón de ellos con bajos ingresos netos, esta medida supondría pagar menos impuestos, más adaptados a sus posibilidades reales. Por su parte, aquellos con mayores beneficios recurrentes se verían obligados a pagar sustancialmente más que hasta ahora, siempre según las previsiones de las organizaciones representativas.

La Seguridad Social, que acumula un déficit anual superior a los 10.000 millones de euros y que acaba de asestar un hachazo de 900 millones a las cotizaciones de pagos en especie, contaría así con unos ingresos extra que ayudaría a sostener el sistema, en un año en el que se esperan el doble de jubilaciones. Y es que son las propias asociaciones de autónomos las que denuncian que la mayoría de ellos cotiza solo por la base mínima, "demasiado por debajo de sus ingresos reales", según UPTA, lo que provoca que las pensiones percibidas por estos apenas superen los 350 euros al mes.

La introducción de las cotizaciones sociales para los autoempleados, pese a ser una propuesta histórica de sus representantes, no ha tenido toda la aceptación deseable, y genera dudas en el colectivo. No ha ayudado, por ejemplo, que la pensión media apenas se haya incrementado en 100 euros respecto a cinco años atrás, ni el hecho de que el cobro de las prestaciones esté plagado de problemas y trámites administrativos, lo que ha ocasionado que ocho de cada 10 autónomos no logre cobrar el paro pese a haber contribuido a la Seguridad Social.

El colectivo de trabajadores autónomos, pese a las dificultades por las que está pasando (pagan, por ejemplo, más del doble de intereses por el crédito que las grandes empresas), es uno de los motores de la recuperación económica, según las previsiones del Gobierno, que ha aprobado diversas medidas con el fin de incentivar el autoempleo y la contratación por parte de estos como solución al problema del paro.

El pasado mes de julio, por ejemplo, el Ejecutivo anunció una enmienda a la Ley de Emprendedores que extendería la tarifa plana de 50 euros a las cotizaciones sociales de todos los nuevos autónomos, con independencia de su edad. Esta iniciativa ha disparado el número de nuevos autoempleados. Otra medida de apoyo ha sido la de posibilitar el cobro de una pensión con el trabajo por cuenta propia. En 2013, más de 7.600 personas compatibilizaron ambas situaciones, según datos de ATA.

Esta y otras medidas, unidas a los altos niveles de paro y el despido de profesionales, han empujado a cada vez más personas a la solución del autoempleo. Así, hasta septiembre de 2013 casi 60.000 personas habían capitalizado su prestación por desempleo para emprender, y en los nueve primeros meses de 2013 el número de autónomos creció un 2,05% en España, seis veces más que el incremento registrado en el conjunto de la Unión Europea.