El Gobierno concretó en Navidad una medida que en la práctica supondrá un hachazo de al menos 900 millones de euros para las empresas. Y es que desde el 1 de enero de 2014 se tiene que cotizar para la Seguridad Social por conceptos que hasta entonces estaban exentos, como los pluses de comida y de transporte, las ayudas para guardería o los seguros médicos privados, entre otros.

El Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre —en el que se aprobaba el anteproyecto de reforma de la ley del aborto— trajo adheridas modificaciones que aumentarán los costes de las empresas y que podrían aminorar la capacidad adquisitiva de millones de españoles, si bien el Ejecutivo no hizo en su momento mención clara sobre las mismas ni en las referencias posteriores, ni en la nota de prensa, ni en la rueda ante los medios.

En los documentos publicados ese día se aludía, de forma sintética, a que se homogeinizaría "la normativa reguladora de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena con la relativa a los conceptos incluidos y excluidos a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fïsicas", sin más detalle. Posteriormente se organizó un briefing con medios, en el que apenas se trató el tema.

Un día después, el 21 de diciembre, se publicó parte de la letra pequeña en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, dentro del Real Decreto Ley de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores se incluyó en una disposición final una nueva regulación para computar los elementos que han de formar parte de la base de cotización, es decir, el importe de salario bruto sobre el que se aplican posteriormente las deducciones y cuotas sociales. El articulado apenas se limitaba a concretar los conceptos que no computarán en la base de cotización.

Apenas una semana después, el día 27, el último viernes del año, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) publicaba un boletín en el que concretaba los tipos de remuneración que hasta ahora estaban exentos y ahora pasan a cotizar en el régimen general. Éstas son las principales novedades:

"La retribución en especie ya se paga fiscalmente, y la idea del Gobierno es que estos mismos conceptos pasen a cotizar también al sistema público de protección", aseguran fuentes del Ejecutivo, que no niegan además la intención recaudatoria de la medida, que a su vez tratará de luchar contra el fraude, más frecuente en determinados sectores como el transporte.

En total, la Seguridad Social espera recaudar unos 900 millones de euros con esta medida, según fuentes oficiales, que han asegurado a 20minutos que esta medida no tendrá impacto en los trabajadores —solo en las empresas— aunque lo cierto es que el documento publicado por la propia TGSS no especifica cómo repercutirá esta nueva normativa en trabajadores y patronos. El impacto de un cambio así no será homogéneo, y dependerá de los beneficios extrasalariales ofrecidos por cada compañía.

"Es la empresa la que cotiza en función de cada retribución; esta medida beneficiará al trabajador asalariado porque así le aumenta la base de cotización con la que luego cobrará la pensión", han explicado a este diario fuentes oficiales del Ministerio de Empleo, que aseguran además que los sindicatos no han criticado esta reforma. De distinta manera se manifiesta Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato Comisiones Obreras, para quien la nueva regulación se ha aprobado "sin hablar con nadie de nada, y sin saber el impacto económico".

Tal como explica Bravo, el impacto de la medida será para las rentas medias y bajas, ya que "al trabajador que esté cotizando ya por la base máxima [43.164 euros brutos al año] no le afectará porque más no va a cotizar, pero sí a los que estén por debajo".

Así, por ejemplo y según cuenta, para un asalariado que percibiera un plus de transporte de 50 euros al mes, "ahora la empresa tendrá que cotizar por él un 31%, por lo que el coste total ascenderá a 65 euros, mientras que el trabajador solo percibirá en neto unos 47 euros", explica. Alrededor del 87% de los trabajadores asalariados cobran por debajo de los topes máximos de cotización, por lo que unos 12 millones de personas podrían ser potenciales afectados.

Para los sindicatos, que ya habían pedido repetidas veces subir temporalmente las cotizaciones sociales, esta pérdida de poder adquisitivo real e inmediata por parte de los trabajadores supone en realidad una ventaja, ya que las bases de cotización aumentarán considerablemente, lo que redundará en mejores pensiones en el futuro. En su opinión, la nueva normativa, que "está bien orientada", se queda corta para aumentar la recaudación de la Seguridad Social, que acumula un déficit anual de más de 11.000 millones de euros.

Más críticos con esta medida se han mostrado las patronales. La CEOE, por ejemplo, se ha manifestado a este diario "en desacuerdo con este aumento de las cargas, ya que no son salario directo, y conllevan un castigo con fines recaudatorios", según fuentes oficiales, que recuerdan que los empresarios españoles "llevan dos años sufriendo sendos aumentos del 5% en las bases máximas de cotización, con un coste total de más de 750 millones de euros".

Los empresarios denuncian que España es uno de los países desarrollados con las mayores cargas impositivas al trabajo, lo que en su opinión perjudica la creación de empleo y la competitividad de la economía española. "Esto es algo que apoya también la Unión Europea, que en el consejo celebrado en marzo de 2013 ya apuntó a la necesidad de reducir la tributación del trabajo", explican desde la CEOE.

La patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), por su parte, ha criticado el "afán recaudatorio" del Gobierno, que en su opinión "puede perjudicar la recuperación de la actividad", tal como han comunicado en una nota de prensa. También con preocupación ven la nueva normativa desde la patronal de los seguros (Unespa), ya que la medida afectará a estas empresas desde al menos dos puntos de vista: Por un lado, porque tendrán que cotizar por aquellos conceptos que les afecten, y por otro porque los productos que éstas comercializan perderán parte de su atractivo ahora que no están exentos de cotizar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para aquellas compañías comercializadoras de tarjetas o cheques de comida y para las guarderías, por ejemplo.