No lo ocultaron, aunque tampoco le dieron la publicidad de otras medidas. El Gobierno utilizó eufemismos y obvió entrar en detalles al anunciar la modificación legal que suponía comenzar a cotizar por conceptos extrasalariales hasta ahora exentos como los cheques de comidas, las ayudas para la guardería o los pluses de transporte, entre otros. Esta nueva regulación supondrá un gasto extra de unos 900 millones de euros para empresas y trabajadores, según los primeros cálculos oficiales.

La modificación, vigente desde el 22 de diciembre de 2013, afecta a las empresas y a todos aquellos trabajadores que perciben suplementos al margen del salario y en especie, y cuya base de cotización salarial anual no supera los 43.164 euros, el máximo legal. Alrededor del 87% de los asalariados están por debajo de este límite, por lo que unos 12 millones de personas pueden estar entre los potenciales afectados.

La decisión del Ministerio de Empleo ya fue tomada en un primer momento sin tener en cuenta a los interlocutores sociales, tal como han dado a conocer a 20minutos tanto las principales patronales como los sindicatos. "El Ejecutivo continúa modificando el régimen jurídico de la Seguridad Social de manera unilateral, sin diálogo ni acuerdo con las organizaciones sindicales ni empresariales, cuyos representados son los sujetos directamente afectados por estas medidas", ha denunciado este jueves el sindicato UGT. Similares quejas han manifestado tanto CC OO como la patronal CEOE.

El pasado viernes 20 de diciembre, tras el anuncio del anteproyecto de reforma de la ley del aborto, y enclavado dentro del articulado de un decreto "de mejora de la contratación estable y la empleabilidad", el Gobierno aprobó públicamente los nuevos conceptos que tendrán que añadirse a la base de cotización.

En la referencia del Consejo de Ministros y en la nota de prensa respectiva, se limitaron a anunciar que se "homogeneizaba la normativa reguladora de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena con la relativa a los conceptos incluidos y excluidos a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, se explayó durante más de 17 minutos sobre las medidas aprobadas por su Ministerio, si bien no hizo mención alguna a los cambios en el cómputo de las bases de cotización, tal como se puede comprobar en la trascripción de la misma. Sí que aludió a mayores explicaciones para un posterior briefing [encuentro a puerta cerrada] con periodistas, si bien no consta que este asunto concreto fuera tratado. En Twitter, Empleo enlazó la noticia de la aprobación del decreto en general, sin entrar tampoco en detalles.

Al día siguiente (sábado 21) el real decreto aparece publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y la medida referente a las nuevas bases de cotización se incluye en una disposición final —la tercera—, en la que de nuevo no se entra en detalle. El nuevo articulado explicita que la base de cotización estará constituida por la remuneración total "cualquiera sea su forma o denominación", si bien luego se puntualiza un listado de cinco excepciones que no se computarán.

No es hasta la época navideña (viernes 27 de diciembre) cuando se detallan los conceptos y partidas que debieron empezar a cotizar desde el 22 de diciembre de 2013. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), mediante un boletín electrónico, explicitó todos los conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización (pluses de transporte y comida, ayudas para guardería, seguros médicos y aportaciones a pensiones privadas, entre otros).

"Esta medida me la desayuné el mismo día que salió, pero antes no habíamos sabido nada, ni sobre las intenciones del Gobierno ni sobre el impacto económico de la medida (unos 900 millones)", explica Carlos Bravo, de Comisiones Obreras. La falta de claridad respecto a esta iniciativa no acaba con su publicación, ya que pese a que expertos y sindicalistas consultados por este diario dan por hecho que esta medida tendrá un coste sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, fuentes del Ejecutivo no han podido aclarar todavía oficialmente si afectará o no a los asalariados.