La Generalitat de Cataluña ha abierto este martes el proceso para reclamar judicialmente al Gobierno español el pago de las deudas correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatut, que asciende a 2.019 millones, según el cálculo del Gobierno catalán.

En concreto, el Gobierno catalán ha autorizado al Departamento de Economía a reclamar al Ministerio de Hacienda el pago de las deudas por el incumplimiento de esta disposición adicional.

Se trata de un paso legal previo a la interposición de recursos contenciosos administrativos ante el Ministerio de Hacienda.

La Generalitat reclama 759 millones de 2008, 211 de 2009, 719 de 2010; 330 de 2011, cantidades que considera que se deberían haber pagado entre 2011 y 2014, ya que la transferencia se hace con tres años de diferencia, una vez liquidado el ejercicio.

Esta disposición adicional preveía que, de 2007 a 2013, la Generalitat recibiría una inversión en infraestructuras por parte del Gobierno equivalente al peso del PIB catalán en el del conjunto del Estado.

A pesar de ello, la Generalitat calcula que el Estado solo liquidó 335 millones en 2010, correspondientes a la aplicación de esa disposición en 2007.