UPyD denuncia que Madrid habría recibido ayudas por 4.000 ficheros de dependencia falsos

  • La formación recibió la información mediante un anónimo.
  • El Estado habría abonado un mínimo de 100 euros por cada uno de esos expedientes, que al ser falsos habrían ido a parar al a Comunidad de Madrid.
  • UPyD ha presentado estos datos ante la Fiscalía.
Asamblea de la Comunidad de Madrid.
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Comunidad de Madrid
Asamblea de la Comunidad de Madrid.

El grupo parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid presentó este martes un escrito ante la Fiscalía en el que denuncia que la Consejería de Asuntos Sociales madrileña podría haber estado pagando la prestación de dependencia a más de 4.000 personas ficticias desde febrero de 2011, según un comunicado de la formación magenta.

Un día antes este grupo político recibió una información anónima que hacía constar la aparición de 4.000 presuntos expedientes ficticias que habrían aparecido en la aplicación informática de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad. Estos ficheros tendrían una fecha de asignación de 23 de febrero de 2011 y una calificación de grado I, nivel 2. En cambio, no tendrían la puntuación de ninguna valoración realizada, ni prestación asociada, ni tampoco notificación de la supuesta revisión por agravamiento.

"Por tanto", reza el comunicado, "se trataría de 4.000 expedientes ficticios que, sin suponerle un coste a la Administración de la Comunidad de Madrid (al no corresponderse con prestaciones efectivamente satisfechas, ni siquiera notificadas), figuran como enviados al IMSERSO, a los efectos de recepción de la compensación de la Administración del Estado".

UPyD denuncia que la Administración del Estado podría haber estado abanonando mensualmente, desde febrero de 2011 y hasta la fecha, un mínimo de 100 euros por cada uno de los 4.000 expedientes ficticios, cantidades que irían a parar a la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, sobre la base de unos datos manipulados intencionadamente.

Los magentas solicitan, "en defensa del interés general", a  la Fiscalía que dé por recibido el escrito y formulada una denuncia por dichos hechos, que podrían indicar un delito de falsificación en documento público.

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