San Martín de la Vega denunciará a la Comunidad de Madrid por cerrar la línea de Cercanías

  • Transportes asegura que el objeto del acuerdo se ha cumplido.
  • Aún así, el Consistorio afirma que tratará de llegar a un acuerdo.
  • Adif quiere demontar la vía y aprovechar los materiales que quedan.
Cristales rotos y pintadas en la estación de Cercanías de San Martín de la Vega, fuera de servicio.
Cristales rotos y pintadas en la estación de Cercanías de San Martín de la Vega, fuera de servicio.
PSOE San Martín de la Vega

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega denunciará a la Comunidad de Madrid por incumplimiento del convenio de 1999 rubricado por ambas instituciones para la construcción y puesta en marcha del ramal de Cercanías entre Pinto, el parque Warner y el municipio, tras confirmarse el cierre definitivo del mismo.

Por su parte, desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid han indicado que entienden que la denuncia no tendrá "ningún recorrido" al considerar que el objeto de convenio se ha cumplido escrupulosamente.

En un comunicado, el Consistorio explica que la alcaldesa de la localidad, Carmen Guijarro, se reunió hace varias semanas con el viceconsejero de Transportes de la Comunidad, Borja Carabante, quien le comunicó que se procedería al desmontaje parcial de la infraestructura ferroviaria por parte de Adif, cerrando así de forma el ramal de la C-3 Warner-San Marín de la Vega.

Tras ello, Guijarro informó al presidente de la Comunidad, Ignacio González, y al viceconsejero de que preparaba el correspondiente informe jurídico para proceder a denunciar el incumplimiento del convenio firmado el 9 de junio de 1.999 entre la entonces Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad, Arpegio y el Ayuntamiento, gobernado entonces por el PSOE.

La propia alcaldesa ha manifestado, según el Consistorio, que "defenderá los intereses del municipio" y que, con "un talante abierto a una solución pero firme en la resolución", "espera poder llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid por la vía administrativa, asegurando también que agotará cualquier otra vía, si llegara a ser necesario".

Quieren llegar a un acuerdo

"La relación tanto con el Ignacio González como con el resto de los responsables de la Consejería de Transportes es muy buena, y esperamos llegar a un acuerdo satisfactorio para el municipio y sus vecinos, que compense el incumplimiento del Convenio firmado", ha manifestado.

"Ahora que los actores principales de aquel fracasado proyecto no están, tendremos que ser nosotros los que intentemos buscar una solución satisfactoria, que compense lo que ha sido la más cara y peor inversión, que se ha realizado en nuestro municipio jamás", ha manifestado la primera edil para recriminar a los socialistas en el municipio que exijan ahora soluciones "inmediatas" cuando ellos mismos tomaron la decisión de impulsar este proyecto.

Por su parte, desde la Consejería de Transportes han remarcado que el objeto del convenio con el Ayuntamiento era la construcción de una estación de Cercanías (prevista en un periodo de tres años) y su puesta en marcha. En consecuencia, consideran que el convenio "está cumplido" pues además la línea ha estado en activo durante 10 años.

Las mismas fuentes indican que el Consistorio tiene derecho a denunciar el convenio si así lo estima pero añaden que las acciones legales que se emprendan "no van a tener recorrido" porque el convenio se ha cumplido y se desarrolló.

El servicio de Cercanías en ese ramal se paralizó hace más de un año debido a la baja demanda que presentaba. Así, el coste anual del servicio alcanzaba los 3 millones de euros y se llegó a registrar una media de 190 viajeros diarios, lo que arrojaba una tasa de 16.000 euros por usuario.

"No se justificaba la continuidad del servicio dentro de un sistema de transporte masivo como es Cercanías", han relatado desde el departamento que dirige Pablo Cavero.

Supervisar 15 kilómetros de línea férrea

En este sentido, han detallado que se solicitó a Delegación del Gobierno que aumentara la vigilancia de la infraestructura aunque señalan que supervisar 15 kilómetros de vía tenía muchas dificultades.

Por tanto, se acordó con ADIF el desmontaje de la vía y aprovechar los materiales para el servicio, ya sea en la región a nivel nacional, de este ramal que ha estado operativo 10 años.

Respecto a la posibilidad de que soliciten la reversión de los terrenos expropiados, las mismas fuentes indican que la normativa actual apunta que no hay derecho a ello pasados diez años aunque existe jurisprudencia que sí habilita a ello. Por tanto, en caso de solicitarse y ser habilitado, deberá acometerse la devolución previa del precio marcado actualizado a día de hoy.

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