Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante el pleno del Senado en el que se debatió el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2014. EFE

Las empresas con menos de 25 trabajadores que despiden a trabajadores por causas económicas o por quiebra pueden acudir al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para solicitar una ayuda que cubre una parte de la indemnización de los empleados. Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 33.8, el mismo artículo que el Partido Popular quiere eliminar el año que viene a través de los Presupuestos Generales de 2014.

Una enmienda a los Presupuestos presentada en el Senado por el PP propone suprimir un apartado del Estatuto de los Trabajadores según el cual, en caso de que la empresa no pueda afrontar el pago, el FOGASA abonaba al trabajador una parte de la indemnización correspondiente a ocho días por año trabajado, mientras que la empresa aportaba los otros doce.

El texto presentado por el PP justifica la decisión señalando que limitar las ayudas a las pequeñas empresas en esta situación “desincentiva el despido y fomenta el mantenimiento de empleo”.

Es muy habitual que en los Presupuestos Generales del Estado se cuele de todo Oliver Toro, un abogado laboralista consultado por 20minutos explica que “es muy habitual que en los Presupuestos Generales del Estado se cuele de todo” y afirma que “puede ser una sorpresa, pero como técnica legislativa es habitual”. Tanto los Presupuestos como el Estatuto de los Trabajadores, cuenta Toro, son leyes ordinarias, por lo que se pueden modificar de esta manera.

Lo anormal, continúa el abogado, es que esta reforma se haga sin preguntar a los sindicatos y los empresarios. “No hay ninguna ley que obligue a ello”, señala, “pero lo deseable y a lo que orientan las normas generales es a convocar a los agentes sociales”.

Desde UGT también se critica que este cambio en el Estatuto de los Trabajadores se haya realizado sin avisar al Consejo Rector de FOGASA, en el que tienen presencia los sindicatos y los empresarios. El sindicato acusa al Gobierno del Partido Popular de querer llevar a cabo su segunda reforma laboral “sin consultar ni informar”.

Sebastián Reina, secretario general de la unión de autónomos (UPTA), también ve “incomprensible” que este cambio se haya hecho sin consultar a los agentes sociales y considera que se trata de un cambio muy importante para las empresas.

Reina explica en declaraciones a este diario que los empresarios pagan una cuota al FOGASA para que les cubra esta prestación y que este cambio esto supondría un cambio en las condiciones de contrato entre el organismo y las empresas. “Creo que esto no se puede hacer”, sentencia Reina, “Resulta sorprendente que un cambio tan grande se haga en una ley como la de presupuestos”.

"Perjudica a los trabajadores"

Ahora los trabajadores van a tener que ir a juicio sí o sí El abogado laboralista Oliver Toro, en cambio, considera que “si el Estado retira este colchón, más empresas se van a encontrar con que no tienen liquidez suficiente”, explica, “Y si antes muchos trabajadores renunciaban a llevar a la empresa a juicio, ahora los trabajadores van a tener que ir a juicio sí o sí”.

Toro considera que muchas empresas con falta de liquidez podían pagar los despidos de los trabajadores gracias a estas ayudas del FOGASA y que eran un incentivo para que el empresario y el empleado hicieran un esfuerzo y evitaran la demanda. Esta enmienda, según Toro, obligará a más trabajadores a acudir a la Justicia para poder cobrar sus indemnizaciones.

Los sindicatos también lo ven de otra forma. Según UGT, 254.931 trabajadores de 84.257 empresas se vieron afectados en 2012 por las prestaciones abonadas por el FOGASA y esta enmienda del Partido Popular podría afectar a 181.000 expedientes que se encuentran actualmente paralizados.

Comisiones Obreras y UGT ya denunciaron el pasado mes de septiembre una reducción del 2% en la partida presupuestaria del FOGASA hasta los 1.348 millones de euros en 2014. Según los sindicatos, el organismo acumula 167.000 expedientes atrasados sin resolver a los que no se da salida por falta de personal. Advertían también de la intención del Gobierno de externalizar los servicios del FOGASA para resolver estos retrasos.

Desde el punto de vista de los empresarios, Sebastián Reina aclara que este artículo del Estatuto de los Trabajadores permitía que el empresario se endeudara con FOGASA para que el trabajador no se quedara sin cobrar. Sin embargo, Reina también cree que esta enmienda perjudica especialmente al trabajador.

Reina afirma que alrededor del 50% de las empresas españolas podrían verse afectadas por la eliminación de este artículo y que el trabajador va a perder garantías.