El Gobierno gallego ha dado este jueves luz verde a la futura Ley gallega de accesibilidad, que "reforzará" el apoyo a las personas discapacitadas con "un enfoque más global" y endurecerá las sanciones a quienes cometan infracciones, que irán desde los 300 euros, en el caso de incumplimientos leves, al millón de euros, en aquellos casos en los que las irregularidades sean consideradas como "muy graves".

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado tras el Consello de la Xunta de la aprobación de un texto que, según han ratificado a Europa Press fuentes de la Consellería de Traballo, contempla imponer sanciones accesorias, en los casos más graves, que podrían suponer la supresión, cancelación o suspensión de las ayudas oficiales, e incluso la suspensión de la actividad de la que se trate.

En cuanto a la tipificación, los supuestos son múltiples y van, por ejemplo, desde la ausencia de medios de señalización necesarios para identificar los itinerarios accesibles —lo que supondría una infracción leve— al incumplimiento en la proporción mínima establecida de reserva de viviendas para personas con discapacidad —grave— o el incumplimiento "reiterado" de requirimientos administrativos, que sería muy grave.

Por su parte, Rueda ha enfatizado que esta norma contribuye a "actualizar y unificar la norma", dando "sentido global" a las diversas reglas en vigor para "facilitar su cumplimiento", además de "proteger los derechos" de las personas discapacitadas.

"Tiene un enfoque más global, va más allá de superar las barreras físicas", ha resumido el vicepresidente, que presidió la reunión semanal del Ejecutivo autonómico con motivo de la visita institucional a Cuba que realiza el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.