El Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba ha abierto diligencias previas de investigación sobre un presunto fraude a la Seguridad Social, cuya cuantía asciende por el momento a 1.624.140 euros.

En la causa están imputadas actualmente 365 personas, en su mayoría perceptores de prestaciones indebidas de desempleo a través de los servicios de empleo.

El juzgado instructor ha solicitado de forma urgente a la Junta de Andalucía dos funcionarios de refuerzo para acelarar la investigación y evitar la prescripción de delitos.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), las diligencias previstas se iniciaron en enero de 2012 a raíz de una denuncia de la Fiscalía a instancias de la Administración de la Seguridad Social.

El presunto fraude consiste en la formalización de contratos de trabajo falsos a través de dos empresas. Posteriormente, los supuestos trabajadores reclamaban las correspondientes prestaciones tanto a las administraciones públicas como a las mutualidades laborales.

La investigación ha dado lugar hasta el momento a la identificación de 365 presuntos perceptores, pero aún queda pendiente de determinar la existencia de otros participantes en el fraude, ya sea por devoluciones indebidas de la renta, bien mediante el cobro indebido de prestaciones de maternidad o por incrementos injustificados de bases de cotización.

La supuesta actividad fraudulenta de las empresas investigadas se inició en marzo de 2009.