De Galicia a Cataluña y de la Rioja a Andalucía, cientos de abogados de toda España han salido a la calle para denunciar la privatización de la justicia, coincidiendo con el primer aniversario de la ley de tasas judiciales. Los letrados se han manifestado para reclamar la retirada inmediata de esta ley y también de la nueva ley de jurisdicción voluntaria que, en la opinión de jueces y abogados, divide la justicia "en ricos y pobres".

Según el decano del Colegio de Abogados de Lleida, Simeó Miquel, durante este primer año de tasas "se han cumplido las peores previsiones" puesto que "se ha privado a muchos ciudadanos el acceso a la justicia", especialmente de clase media —con estreches económicas pero sin derecho a la justicia gratuita—, ha lamentado. "No hemos visto ningún beneficio, seguimos teniendo una justicia fatal", ha añadido.

Los abogados catalanes no solo piden la retirada de las tasas judiciales sino que también exigen la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El motivo, explica, es que "todas las iniciativas legislativas las ha hecho de espaldas a todos los operadores jurídicos y ya hemos agotado todos los intentos de diálogo con él".

"Es la primera vez que la abogacía de todo el Estado sale a la calle para reclamar una justicia para todos", ha destacado el decano de Abogados de Reus, Pere Huguet. "No somos propensos a salir a la calle y lo hemos hecho y, si esto no es suficiente, qué tenemos que hacer para que se entienda que la justicia es un elemento fundamental de un Estado de Derecho", se pregunta el decano del Colegio de Abogados de Reus.

Según datos del Consejo General de la Abogacía Española, el volumen de apelaciones se ha reducido un 26% en Cataluña. "Quiere decir que un 26% de los procedimientos judiciales no han podido acceder a la segunda instancia y, si se tiene en cuenta que más del 40% de las sentencias de las audiencias provinciales se revocan, nos encontramos que hay un porcentaje muy alto de sentencias que podrían ser injustas y que no se han revocado por culpa de las tasas", concluye Huguet.

El porcentaje es algo superior al registrado en Badajoz, donde las apelaciones han caído un 30%. Ante el Palacio de Justicia pacense se han concentrado más de medio centenar de abogados y trabajadores de Justicia contra las tasas judiciales. Los hechos demuestran, según la decana de los letrados de la provincia, Filo Peláez, que la ley es "puramente recaudatoria y disuasoria" y que ha sido rechazada socialmente, ya que se han presentado cinco recursos de inconstitucionalidad y varias cuestiones de inconstitucionalidad.

"Creemos que esa era la intención de la ley; no subvenir a las necesidades de la asistencia jurídica gratuita", como afirma el Gobierno central, "sino establecer una barrera que limitase el acceso de los asuntos", ha indicado durante la concentración en Logroño el decano del colegio de Abogados de La Rioja, José María Cid. De hecho, quienes más sufren las tasas judiciales son los ciudadanos de clase media. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han reducido el número de recursos interpuestos.

Además, "la agilización de la justicia no puede fundamentarse en barreras económicas, sino en la transformación de una estructura ahora obsoleta en un servicio realmente eficaz y accesible", ha recalcado el decano del Colegio de Abogados de las Islas Baleares (Icaib), Martín Aleñar, quien ha acudido a la protesta celebrada en Palma de Mallorca. También se han registrado concentraciones en varias localidades de Galicia, así como en Barcelona, Valencia y Zamora, entre otras.

Con todo, los abogados y el resto de colectivos del ámbito de la Justicia han hecho un llamamiento al Tribunal Constitucional para que agilice su respuesta a los recursos presentados "ante el grave daño" que están sufriendo los ciudadanos, a la vez que han pedido al Gobierno que siga el ejemplo de Francia, que suprimirá todo tipo de tasas a partir de enero del 2014.

El ministro de Justicia se ha mostrado "satisfecho" con la Ley de Tasas Judiciales, que cumple un año este miércoles, y ha negado que disuada al ciudadano a la hora de emprender acciones judiciales. "Estamos satisfechos por solidaridad, porque ha elevado los umbrales de justicia gratuita", ha indicado, en relación con la aplicación de las tasas al pago de abogados de oficio.

Ruiz-Gallardón ha realizado estas afirmaciones en el Pleno del Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Julio Villarrubia, quien se había interesado por su valoración tras un año de aplicación de esta norma. El socialista, en cambio, ha calificado la norma de "atropello a la tutela judicial efectiva" y "establecimiento de justicia para ricos y para pobres", y ha apuntado que vincular su aplicación a la justicia gratuita es un engaño porque la cantidad presupuestada para ello en los Presupuestos de 2014 sigue siendo la misma.

"Con la excusa de la crisis están recortando derechos y libertades", ha dicho el diputado del PSOE, que espera que el Tribunal Constitucional, frente al cual se han presentado recursos contra esta Ley "subsane el atropello" si su partido no logra derogarlo antes.

Ruiz-Gallardón le ha recordado que los datos señalan que los procedimientos que han descendido en 12 de las 17 que son los de ámbito penal, donde no se cobra tasa. Además, ha afirmado que en el orden contencioso-administrativo el descenso se ha producido no por la Ley de Tasas, sino por la Ley de Costas del PSOE. Además, ha recordado que la demanda de justicia gratuita es la misma que antes. "Las tasas no han disuadido a ningún ciudadano de la tutela judicial efectiva", ha insistido.