El Govern ha aprobado este martes un código ético con el objetivo de recoger "las buenas prácticas" de los altos cargos de la Generalitat y que incluye la publicación de sus sueldos, así como también la de los trabajadores de empresas públicas. El consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ha instado el Ejecutivo español a "tomar nota" del código ético en vez de dar "lecciones de austeridad".

En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, Homs ha asegurado que el código ético que ha aprobado el Govern es un "compromiso explícito" de lo que se consideran buenas prácticas y que van más allá de la normativa vigente. "El objetivo es hacer pasar de las buenas intenciones a buenas prácticas", ha explicado antes de indicar que se enmarca dentro del programa de 51 medidas para la regeneración democrática y transparencia que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, propuso después de celebrar dos cumbres sobre esta cuestión el pasado febrero.

El código incluye la publicación de las retribuciones de los altos cargos, que hasta ahora eran privadas, en el portal de Transparencia de la Generalitat y también lo tendrán que hacer los altos cargos de las entidades y empresas públicas de la Generalitat. Así mismo, se tendrán que especificar las dietas que puedan percibir. "Se sabrá todo, no sólo lo sois base sino también todos los complementos", ha asegurado Homs.

Además, según el portavoz del Gobierno, el código ético también incorpora el "sentido de la ejemplaridad" puesto que, en su opinión, los altos cargo no sólo tienen que ser "cuidadosos" con el respecto al marco legal sino también tienen que actuar de manera ejemplar.

En cambio, el código ético no incluye medidas sobre los altos cargos que puedan ser imputados en una causa judicial, Homs ha argumentado que no es posible establecer una normal general para todos los altos cargos puesto que, según la función que hagan, puede haber casos que se encuentren "constantemente en una casuística judicial". Además, Homs ha añadido que "las situaciones de imputación no son otra cosa que el que son, el que pasa es que suenan al que suenan".

A partir de ahora, los altos cargos tendrán que firmar individualmente el código ético y tendrán que asumir su contenido de "manera explícita". Con esta medida, el portavoz del Gobierno ha defendido que la Generalitat se sitúa al frente de las instituciones públicas de Europa en cuanto al compromiso de transparencia democrática y ha hecho referencia a la lista de la organización no gubernamental Transparencia Internacional. Del total de 80 indicadores de esta organización, Cataluña cumple 79, ha asegurado.

Después de las duras declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en que reprochaba a Mas carece de austeridad en sus viajes, Homs ha explicado que el Gobierno le enviará el código ético coma respondida a sus "lecciones de austeridad" . De hecho, ha invitado el Ejecutivo de Mariano Rajoy a tomar nota del compromiso de transparencia del Ejecutivo catalán. "Que se cojan al que dice Transparencia Internacional, que hagan introspección y que valoren y rindan cuentas", ha pedido.

La vicepresidenta del Gobierno no se ha referido a las declaraciones de Homs pero sí a la acusación formulada por el portavoz de CiU al Senado, Josep Lluís Cleries, que ha reprochado al Ejecutivo que invoque al "diálogo" mientras impulsa leyes que "reducen la capacidad del autogobierno de Cataluña". Según el portavoz de la coalición, el Estado ha puesto en marcha 17 proyectos de leyes que representan una auténtica "involución constitucional", como por ejemplo la reforma local o la *LOMCE.

Sánez de Santamaría ha negado ese supuesto espíritu "recentralitzador" y ha reprochado al Govern y a CiU que critiquen al Gobierno al mismo tiempo que pide 28.000 millones de euros del Estado para financiar las deudas de la Generalitat. Asimismo, ha asegurado que su Gobierno tiene "voluntad política" para dialogar con la Generalitat, pero siempre con la Constitución como "punto de encuentro" porque "no se puede pedir en el Gobierno español algo que no se puede dar porque pertenece a todos los españoles".

Con todo, Sáenz de Santamaría ha pedido a CiU "coherencia". "Los 28.000 millones de euros del Estado para financiar deudas de la Generalitat no son centralizadores, y los mecanismos para evitar que vuelvan las deudas sí", ha dicho la vicepresidenta, quien ha recordado que el ejecutivo catalán sólo ha recurrido 10 de los 91 decretos y leyes de reforma del Estado. "Creo que un 11% de discrepancia no puede justificar el 100% de su reproche", ha respuesto a Cleries.