El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha advertido este jueves de las consecuencias que en el terreno de la deuda tienen "los modelos del todo gratis" y ha recordado, tras el anuncio realizado por la Junta de Andalucía, que ya existe un Bono Social que sufragan las empresas.

Sánchez Galán, quien ha presentado en Valladolid el Informe elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad, ha aseverado en declaraciones a los medios que ya se conocen las consecuencia de "los modelos de todo gratis" —"una deuda pública de casi el cien por cien"— después de que Andalucía anunciara este miércoles que contará con "medidas legislativas" encaminadas a "garantizar suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica" para los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, más conocido como salario social.

"Por eso camino iremos a niveles absolutamente indigeribles", ha advertido antes de recalcar, no obstante, que ante el caso de personas "concretas" con necesidades "de ese tipo u otro", las empresas y organismos públicos tienen la "obligación" de intentar resolver esas situaciones puntuales.

"Las situaciones concretas de personas que lo estén pasando mal, todos tenemos la responsabilidad de minimizarlo", ha recalcado antes de recordar que en el caso eléctrico existe el Bono Social, una tarifa especial para personas con baja renta y dificultades que financian las empresas pese a que "no tendría que ser así".

Galán, quien ha reiterado que el hecho de poner en marcha un sistema "del gratis por definición" significa que alguien "lo va a pagar en algún momento, ha respondido de este modo al anuncio realizado este miércoles por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, quien adelantó que aquella Comunidad será la primera en contar con "medidas legislativas" encaminadas a "garantizar suministros mínimos vitales de agua y energía eléctrica" para los perceptores del ingreso mínimo de solidaridad, más conocido como salario social.

La previsión inicial, según explicó, es que se garantice por ley a los perceptores del salario sociales "el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día", lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes, mientras que para los que además sean titulares de un contrato de suministro eléctrico se garantizarán 1.400 kilowatios al año, con lo que se "cubrirán parte de las necesidades esenciales estimadas en 2.519 kilowatios anuales".