La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha convocado para el próximo 19 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, una cadena humana frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) un día antes de que, previsiblemente, se apruebe en el Senado.

Además, está previsto que el 23 de noviembre, desde las 12.00 horas, se celebre una nueva "manifestación de las mareas" en favor de ámbitos como la educación y la sanidad pública, representadas en los colores verde y blanco, respectivamente. El lugar de la convocatoria aún está por fijar.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, quien, además, quiere reunirse con el presidente del Gobierno regional, Ignacio Diego, para entregarles los miles de votos recogidos en contra de las políticas educativas del PP en Cantabria y en el Estado en las mesas instaladas en octubre en distintos puntos de la comunidad.

José Ramón Merino (STEC), uno de los representantes de la Plataforma, se ha quejado de que Diego ha dado la "callada por respuesta" a las dos últimas peticiones de reunión lanzadas desde este colectivo, una en mayo y otra —llevada a cabo por las asociaciones de madres y padres de la misma— hace "unas semanas".

Así, han advertido de que si no reciben una contestación antes del 27 de este mes, se presentarán, a las 12.00 horas, en la sede del Gobierno regional para entregarle a Diego estos votos contra las políticas educativas del PP.

La Plataforma ha subrayado que Diego es el "responsable" de lo que está ocurriendo en la educación de Cantabria "más allá" que el consejero del área, Miguel Ángel Serna.

A preguntas de los periodistas, han aclarado que "nunca" han dejado, ni lo van a hacer, de acudir a una reunión con Serna para hablar de educación, pero consuudera que las actuaciones del consejero le "descalifican para esperar algo bueno de él".

También han ironizado con las recientes declaraciones de Serna en las que afirmó que la confrontación con los sindicatos educativos había "disminuido sensiblemente" y desde la Plataforma han señalado que "como no les llama" y "no hablan con él, no hay riña".

"El consejero debe de vivir en otro mundo, en el de las ilusiones", han señalado representantes de la Plataforma, quienes han opinado que, con la manifestación y la huelga educativa del pasado 24 de octubre, decir eso es, a su juicio, "tener mucha cara dura".

En cuanto a los 483,3 millones de euros que el Presupuesto de Cantabria de 2014 destinará al ámbito educativo, un 1,62% más que en 2013, según presentó Serna el sábado, la Plataforma ha señalado que "por una vez está de acuerdo" con el consejero en que "consolida" las actuales líneas que, a juicio del colectivo, son "los recortes".

LOS '

Miércoles verdes'

Además de estas tres convocatorias para noviembre, la Plataforma ha recordado que ya han vuelto los denominados 'miércoles verdes' en los algunos profesores, alumnos y miembros de la comunidad educativa llevan la camiseta verde en favor de la educación pública a los centros y cuelgan pancartas reivindicativas.

En este sentido, este colectivo que integra a algunos sindicatos de profesores, ampas y representantes de alumnos ha explicado que quieren convertir también esos miércoles en días de debate de la comunidad educativa sobre las "cuestiones más dañinas" para la educación, como, a su juicio, es la LOMCE, la FP Dual y la "precariedad" de los docentes interinos, unos 1.500 en Cantabria.

La situación de los interinos

Respecto a este último aspecto, Ildefonso Vázquez, representante de la Plataforma de Interinos ha subrayado como los problemas de este colectivo la "precariedad" laboral que viven con contratos de 1/3, 1/2 o 2/3 de jornada a las que no pueden renunciar si no quieren quedar fuera de todas las plazas parciales durante un curso entero.

Además, se han quejado del sistema de adjudicación de plazas, que han definido como el "más oscurso de toda España" y la convocatoria de oposiciones.

En este sentido, ha explicado que hay "rumores" de una próxima convocatoria de oposiciones con doce plazas, una cifra que ha calificado de "ridícula".

Además, ha exigido que se convoquen con, al menos, con un año de antelación como mínimo; en especialidades que se estén convocando en otras comunidades para evitar el efecto llamada y que se aclaren las partes prácticas de los exámenes.