La dirigente "histórica" de ETA, que fue interlocutora en las negociaciones de la banda con los gobiernos de Felipe González -en 1989, en Argel- y de José María Aznar -en 1999, en Suiza- ya instó en otro de los juicios celebrados contra ella, el pasado mes de julio, a los gobiernos español y francés para que "se impliquen seriamente en la resolución del conflicto vasco" y para que "aprovechen la oportunidad abierta al diálogo".
Esta llamada fue respondida con una sonora sonrisa por parte de algunas personas que asistían como público al juicio y una de ellas se dirigió a la etarra y le preguntó que si quería el diálogo "con pistolas o sin ellas".
Sin declarar
Durante la sesión de este miércoles, González Peñalva, que se mantuvo impasible e inexpresiva ante el desarrollo del juicio, no quiso responder a ninguna pregunta porque dijo que no reconocía la legitimidad del tribunal "para juzgar a militantes vascos" y pidió a su abogado que no hiciera ningún informe de defensa.
Sí declararon varios de los 16 guardias civiles que sobrevivieron al atentado perpetrado por ETA, hace 22 años, contra el furgón que les trasladaba a su trabajo, en el que murió un ciudadano estadounidense que estaba haciendo deporte, y lo hicieron sin protección "para poder ver la cara de la acusada", señalaron.
"El ambiente se puso negro, rojo, amarillo, fue una sensación tremenda. No veía por la sangre que tenía por la cara, tampoco oía", relató el guardia civil Alfonso Eugenio Sánchez al tribunal, quien explicó que tras la explosión del coche bomba que ETA activó cuando pasaba la furgoneta en la que viajaban todos intentaron "salir de allí como podían".
Los agentes, la mayoría de entre 18 y veintidós años, son guardias civiles retirados.
"Ese día terminó mi carrera militar y durante muchos años mi vida", dijo Juan Antonio Corredor, que al igual que la mayoría de sus compañeros tienen importantes secuelas físicas y psíquicas tras el atentado.
El fiscal pide 485 años de cárcel
Para el fiscal, González Peñalva tuvo una "participación decisiva" en este atentado perpetrado por el "comando Madrid", al que pertenecía también José Ignacio De Juana Chaos, Inés del Río y Juan Manuel Soares Gamboa, que ya han sido condenados por estos hechos, y por ello pidió al tribunal que le condene a 485 años de cárcel, si se aplica el Código Penal de 1973, o a 390 años.
En cualquier caso, el fiscal señaló que como esta pena se sumaría a otras de varios cientos de años que ya tiene la etarra, que el tribunal establezca el cumplimiento máximo de 40 años.
Soares Gamboa confirmó al tribunal, durante su declaración como testigo desde detrás de una cortinilla para no ser visto por el público, que González Peñalva preparó junto a sus compañeros de comando la información sobre el atentado.
Relató que ese día secuestraron a un taxista, lo metieron en el maletero y se dirigieron a la Plaza de la República Argentina, donde estacionaron el otro coche que tenían cargado con explosivos.
Los etarras huyeron en el taxi, que abandonaron poco después con el taxista dentro del maletero y con un billete de 5.000 pesetas en el bolsillo, quien fue liberado finalmente por la Policía.
Las acusaciones solicitaron además de la pena de cárcel que se condene a la etarra al pago de indemnizaciones para las víctimas, en concepto de responsabilidad civil.
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