El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso de casación interpuesto por Sogama en relación al canon único por el tratamiento de residuos, e insta al Ayuntamiento de Pontevedra a pagar las facturas adeudadas de agosto a diciembre de 2008 y sus intereses.

Tal y como recoge Sogama en una nota de prensa, el recurso se había presentado con el objetivo de que el TSXG decidiese entre dos sentencias "claramente contradictorias" sobre esta materia, que fueron dictadas por la sección segunda de este Tribunal en 2008 y 2013.

En la primera se aceptaba la validez de un canon único para todos los ayuntamientos adheridos a Sogama, estableciendo el reconocimiento del derecho de la empresa al ingreso de las cantidades debidas. Sin embargo, una segunda sentencia consideraba lo contrario, argumento defendido por el Ayuntamiento de Pontevedra, que asumía que el canon debía variar en función del precio de la energía.

Sin embargo, ahora el TSXG da la razón a Sogama y condena al Ayuntamiento de Pontevedra a pagar las facturas correspondientes a los meses de agosto a diciembre de 2008, que arrojaban un importe de más de 304.000 euros. A esto habría que sumar los intereses de demora.

Sin embargo, Sogama estima que esta primera sentencia favorable podría conllevar a la resolución también favorable de los procesos pendientes, que ascienden a más de 12 y cuya cuantía total se aproxima a los 4 millones de euros más intereses.

El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, se ha referido a esta sentencia durante una comparecencia en el Parlamento gallego este viernes. En concreto, Hernández ha recordado que el fallo "da la razón" a la Xunta en el "pleito tramposo" presentado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, contra ese pago. "Los vecinos van a tener que pagar algo más de tres millones de euros a consecuencia de su irresponsabilidad", ha calculado el conselleiro.

El ayuntamiento estudia recurrir

Tras tener conocimiento de esta sentencia, el portavoz del gobierno local de Pontevedra, Raimundo González, ha convocado una rueda de prensa en la que ha señalado que los servicios jurídicos municipales estudian la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta decisión.

Tal y como ha apuntado Raimundo González, el conflicto se remonta al año 2004, cuando el gobierno municipal insistía en aplicar una cláusula recogida en el contrato firmado en 1999, por el cual se establecía un canon variable por cada tonelada, que se calculaba en base al IPC y al precio de la energía.

El problema cuando Sogama no reconoció la posibilidad de aplicar esta cláusula y decidió llevar a los tribunales las facturas emitidas desde entonces.

Desde el gobierno municipal, Raimundo González ha afirmado que "no comparten" la sentencia y ha asegurado que, dentro de este conflicto judicial, "lo único" que han hecho ha sido "defender los intereses de los ciudadanos hasta la extenuación". En todo caso, ha afirmado que en el "desenlace global" de este asunto el municipio "sale ganando", al recordar que entre 2006 y 2008 el Concello dejó de pagar 2 millones de euros que, según él, Sogama "ya no puede reclamar".

Raimundo González ha querido dejar claro que este pago "no se repercutirá en la factura que reciben los ciudadanos", ya que, por seguridad jurídica, esas cantidades ya se recogían en el presupuesto municipal, "por si venía una sentencia contraria". El portavoz local ha recordado que, de momento, la "única deuda" de Pontevedra con Sogama son los más de 304.000 euros, ya que el resto de cantidades "están pendientes de las respectivas sentencias".