El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado en septiembre por el grupo Parlamentario Socialista contra uno de los apartados de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas puesta en marcha por el Gobierno.

El Constitucional ha trasladado la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que, en un plazo de quince días, puedan personarse y formular alegaciones, según la providencia de tribunal.

El PSOE denunciaba en su recurso del 5 de septiembre la supresión de las renovaciones o prórrogas de la subsidiación de préstamos convenidos a pesar de estar expresamente previstos en la legislación, lo que dejaba a los afectados en una situación de inseguridad jurídica que lesionaba "de forma irreversible e irreparable sus derechos individuales".

Los socialistas advertían de que podría haber 300.000 afectados por esta medida, que provocaría un incremento en el pago de sus cuotas hipotecarias de entre 1.000 y 3.000 euros anuales, según reza el recurso.

Además, el PSOE denunciaba que dicha ley establecía una retroactividad auténtica y de "grado máximo" ya que proyectaba sus efectos hacia el pasado, impidiendo a los beneficiarios de estas ayudas acogerse a las sucesivas renovaciones y prórrogas.

Por otro lado, el grupo parlamentario socialista entiende que esta norma provoca una objetiva privación de bienes y derechos en perjuicio de todos y cada uno de los afectados por la pérdida del derecho a la renovación de las ayudas a la compra de vivienda protegida.

Asimismo, sostiene que con la aprobación de la disposición recurrida, introducida mediante una enmienda del PP en el Senado, se ha producido además el incumplimiento de la doctrina del TC sobre el derecho de enmienda.

El grupo socialista subrayó en su día que consideraba incongruente la enmienda planteada en relación con el contenido material del proyecto de ley tramitado.

En este sentido, el PSOE entiende que la enmienda en cuestión tenía como objeto regular el régimen aplicable a las ayudas de los planes estatales de vivienda de modo que se acabara con las prórrogas automáticas de dichas ayudas, "un asunto que nada tiene que ver con el objeto de la ley que se estaba tramitando".

El pasado mes de junio entró en vigor la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas que agilizaba el desahucio de inquilinos por impago y creaba un registro de sentencias firmes por impago de renta.