La jueza Mercedes Alaya ha dejado en libertad con cargos a los siete detenidos en la segunda fase de la 'Operación Heracles', vinculada al 'caso de los ERE' fraudulentos. Los siete habían comparecido en su despacho durante la tarde de este jueves y bien entrada la madrugada del viernes, según informaron fuentes del caso. La operación, llevada a cabo este martes, se saldó con diez arrestados, tres de los cuales fueron puestos en libertad.

Los primeros en salir, pasada la medianoche, fueron Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y director del Área de Empleo de la Diputación; Salvador Mera, secretario general de UGT-Cádiz; y Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de CC OO-A. Los tres fueron recibidos al grito de "libertad" por varias decenas de sindicalistas de CC OO y UGT concentradas a las puertas de los juzgados. Una vez en la calle, Mera dijo a los periodistas encontrarse "muy feliz".

La Guardia Civil imputa a Mera los delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. El sindicalista señaló en la declaración que prestó como testigo que tanto él como Roberto Carmona, en el marco del proceso de prejubilaciones de la Faja Pirítica, se dirigieron al dueño de Uniter, José González Mata, y "le expusieron que con motivo de los gastos que el proceso había generado" tanto a UGT como CCOO "por la actividad desplegada durante el conflicto", las centrales "debían cobrar algo".

Según la Guardia Civil, Salvador Mera y Roberto Carmona, personas con responsabilidades en UGT y CCOO desde hace más de 20 años, son quienes "negocian directamente con González Mata el pago de una comisión" a los sindicatos, "con pleno conocimiento de la ilicitud de la misma, la cual constituye una parte de las sobrecomisiones que la mediadora Uniter ha percibido, dinero que en última instancia procede del erario andaluz".

Después de ellos tres salieron del juzgado los empresarios Ángel Quesada del Valle y José Joaquín Barneto, el exdirigente de la unión provincial de CC OO en Córdoba Francisco Casado, y el exresponsable de zona de Caja San Fernando en la Sierra Norte de Sevilla Gerardo de la Cruz.

En un auto, la jueza reconoce que en un caso con tantos imputados "debe cuidarse aún más, si cabe, el ser selectivos con las imputaciones", pero tras un examen de atestado de la Guardia Civil sobre las sobrecomisiones "han transcurrido varios meses y no parece que se vayan a producir en esta línea de responsabilidades de segundo orden nuevos hechos que determinen las mismas con mayor contundencia". Por ello, está claro "que si ha de tomarse declaración a estas personas sólo puede ser en calidad de imputado".

Alaya cita los días 12 y 17 de diciembre a los abogados José Luis Leal y Alfredo Jiménez, del Bufete Villasis, al exdiputado vasco socialista Antonio Aso Martínez, beneficiario de una póliza en una empresa de corcho, y a Antonio Diéguez Viera, empresario perceptor de una ayuda en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

También convoca a Antonio Santiago Pérez Porcel, empleado de la firma Servicios Inmediatos, una de las que se utilizaban presuntamente para blanquear las sobrecomisiones de los ERE, y a varias empleadas de las aseguradoras implicadas

La Junta, por su parte, ha vuelto a insistir en que no renunciará nunca a recuperar el dinero cobrado por los intrusos en esta trama.

La Guardia Civil ha investigado un mensaje de texto de fecha 30 de abril de 2010 en el que se menciona al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías como el "jefe" del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

En el atestado elevado a la juez Mercedes Alaya con motivo de la operación 'Heracles', los agentes analizan un disco duro denominado 'Holding Juan Lanzas' con un archivo "de interés" que contiene una tabla que "incluye lo que aparentemente son transcripciones de mensajes de texto recibidos por un terminal cuyo usuario es o ha sido Juan Lanzas, según se deduce del contenido de los mismos".

De este modo, hace mención a un 'sms' remitido a las 9,02 horas del día 30 de abril de 2010 en el que alguien, no identificado, dice 'No olvides que hoy es el cumpleaños de tu jefe, g.z.', concluyendo la Guardia Civil que "las iniciales corresponden a Gaspar Zarrías y el 30 de abril es la fecha de nacimiento de éste".

Los investigadores analizan otros diez mensajes de texto, entre los cuales se encuentra uno que pone 'secretaria Vallejo' y un número fijo, señalando la Guardia Civil que "posiblemente se trate del consejero de Innovación Vallejo Serrano". Otro mensaje manifiesta 'que la Navidad sea felicidad y que os dure toda la vida, javier guerrero', por lo que "en este caso es el propio exdirector general de Trabajo Guerrero el que se dirige a Lanzas para felicitarle".

El exdirector general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León Miguel Ángel Díez Mediavilla ha asegurado que lo único que recibió de Vitalia fue un reproductor de DVD de mesa, pero no en 2007 sino en la Navidad de 2001 o de 2002, cuando desempeñaba la función de jefe de servicio.

El ex alto cargo ha hecho estas manifestaciones después de conocer que el informe de la Guardia Civil sobre los ERE afirma que pudo recibir regalos de la mediadora Vitalia, que "iba ofreciendo dinero a todos los actores que participaban en la tramitación de los expedientes".