El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles mostrar su disconformidad con la proposición de ley presentada por varios grupos de la oposición por la que se propone que el proyecto de campus de FP en Donapea no pueda tramitarse como Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) al haber sido rechazado previamente por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona.

Para ello, la proposición de ley propone un cambio en este sentido del artículo 42 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU).

En opinión del Gobierno, la proposición de ley pretende "usurpar" a la Administración foral sus competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, competencias éstas que rechaza "puedan verse limitadas por decisiones municipales".

El Ejecutivo niega también las acusaciones de uso fraudulento del PSIS, afirmando que "son los tribunales, no el Parlamento, quienes deben decidir al respecto" y asegura que, "hasta el momento, ninguno de los casi 200 PSIS aprobados por el Ejecutivo foral ha sido anulado judicialmente por no estar suficientemente justificado o vulnerar la autonomía municipal".

Según señala el Gobierno en su acuerdo, la LFOTU atribuye a la Administración de la Comunidad Foral la función pública de la ordenación del territorio, una actividad de ordenación del espacio, que "trasciende el mero enfoque municipal del suelo, a efectos de lograr una utilización racional y equilibrada del territorio, que propicie en, última instancia, un desarrollo coordinado y armónico de toda la Comunidad foral".

En este contexto, entiende que el ámbito de actuación de los instrumentos de ordenación del territorio (los PSIS), no puede verse limitado por las decisiones municipales. "Enmarcar una decisión dentro del concepto de ordenación del territorio no depende de las actuaciones previas en sede municipal, sino de las condiciones intrínsecas y objetivas de la actuación que determinan su consideración como tal", apunta el Ejecutivo.

Asimismo, recuerda que los requisitos que debe cumplir una propuesta para ser considerada PSIS son los siguientes: "Tener por objeto actuaciones residenciales, de actividad económica o el desarrollo de planes y políticas públicas, cuya incidencia y efectos trascienda, por la magnitud, importancia o especiales características que presenten, del municipio o municipios sobre los que se asienten".

Por ello, asegura que hacer depender la catalogación de los PSIS de las decisiones municipales supone "usurpar una competencia ajena, atribuida a la Administración de la Comunidad Foral, y romper el esquema de competencial y de distribución jerárquica en materia de ordenación del territorio y urbanismo".

Similares objetivos atribuye a la proposición de ley, que, en su opinión, tiene como objetivo, "bajo el disfraz legislativo", impedir que el Gobierno de Navarra ejerza su capacidad de decisión y su competencia de carácter reglamentario.

"garantizada" la autonomía municipal

En opinión del Ejecutivo foral, la participación y la autonomía municipal están "garantizadas" en la tramitación de los PSIS. Pero, en cualquier caso, insiste en que, en materia de ordenación del territorio, sobre los intereses locales, deben prevalecer los intereses generales, aplicando "una óptica de mayor amplitud que permita enfocar con criterios de sostenibilidad, cohesión social y solidaridad los retos a los que debe enfrentarse la sociedad navarra para desarrollar todo su potencial".

El acuerdo alude también a las críticas de los proponentes sobre el uso de los PSIS como instrumento para eludir el rechazo municipal a modificaciones urbanísticas. Sobre esta cuestión, el Gobierno indica que "el temor a un uso fraudulento de la figura del PSIS no justifica su tacha de ilegalidad". Y en todo caso, recuerda que estas figuras "están sometidas al filtro depurador de los tribunales, no correspondiendo a este Parlamento la realización de las funciones constitucionalmente atribuidas a aquellos (los tribunales), ni su anticipación".

En este sentido, informa de que "ninguno de los 193 planes y proyectos aprobados por el Gobierno de Navarra han sido judicialmente anulados por no estar suficientemente justificados o vulnerar la autonomía municipal".