Los ministros de Interior de la Unión Europea discutirán este martes lo ocurrido frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, donde la semana pasada murieron más de un centenar de inmigrantes al naufragar el barco en el que viajaban a suelo europeo. El debate se ha programado a petición de Italia, que ha criticado la inacción de la UE y reclama la solidaridad de sus socios para soportar la presión migratoria.

El viceprimer ministro italiano y responsable de Interior, Angelino Alfano, tendrá entonces la oportunidad de exponer a sus colegas la "situación de emergencia" en Lampedusa por la constante llegada de inmigrantes irregulares que escapan de los países del sur del Mediterráneo.

Ello servirá para "generar debate" y abrir una discusión más profunda entre los Veintiocho, pero es poco probable que sea "concluyente", según fuentes diplomáticas para las que los medios y recursos de la UE son "limitados", pero también falta voluntad política de los Estados miembros, a quienes competen la vigilancia y control de las fronteras.

Italia y otros países como Malta y Grecia, a donde llegan la mayoría de refugiados que escapan de conflictos como los de Siria y Libia, han instado en varias ocasiones a la UE a demostrar "solidaridad", para que los solicitantes de asilo no se instalen únicamente en los países de entrada. Sin embargo, otros países como Alemania, Francia y Suecia, e incluso España, donde los flujos de migración no están tan vinculados a razones políticas, sino económicas o sociales, se resisten a atender esta petición, explican las fuentes.

A corto plazo, la UE podría optar por "reorientar" los trabajos de la Agencia de control de fronteras europeas y reforzar las medidas de vigilancia para frenar la llegada de migrantes y combatir la actividad de las mafias.

La Comisión Europea ha rechazado las críticas llegadas desde Italia y ha querido dejar claro tras las primeras horas de la tragedia que son los Estados miembros los responsables de controlar las fronteras, y que Bruselas sólo puede dar apoyo si existe una petición formal de un Gobierno.