Tras pagar cada uno 100.000 euros –mientras prosigue la investigación por posibles delitos de cohecho y malversación–, el alcalde acusó a Zapatero y Chaves de su detención. El delegado de Medio Ambiente de la Junta, Ignacio Trillo (PSOE), dijo ayer que estas declaraciones le inhabilitan para su cargo. El PP afirmó que actuará con rigor, aunque advirtió que este caso puede volverse contra el PSOE y señaló que los socialistas tienen a 25 cargos imputados en Andalucía.