Guerra contra la inflación. El Gobierno ha comenzado a tramitar el anteproyecto aprobado el viernes de Ley de Desindexación de la Economía, una normativa que, una vez en vigor a partir del 1 de enero de 2014, obligará a desligar la evolución de cualquier tipo de precio, renta o subsidio del índice de precios al consumo (IPC). El objetivo primordial de esta medida es evitar los llamados efectos inflacionarios de "segunda ronda"; es decir, aquellas subidas de precios que, a modo de un círculo vicioso, se producen para compensar la subida general de precios.

Estos efectos de segunda ronda son uno de los principales motivos que explican por qué la inflación en España ha estado históricamente por encima de la del conjunto de la Unión Europea (UE). Esta mayor inflación, de alrededor de un punto porcentual, supuso durante la primera década de 2000 una pérdida constante de competitividad (unos 12 puntos de pérdida total). La crisis ha permitido revertir esta tendencia, lo que explica en parte el crecimiento de las exportaciones españolas durante la crisis.

Entre las medidas novedosas de la Ley de Desindexación está la creación del Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), una alternativa al tradicional IPC que en teoría fomentará, sea cual sea la situación de la economía española, ganancias de competitividad en relación a la Unión Europea. Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará todos los meses, a partir de enero, el IGC junto al IPC, y todos particulares podrán usar uno u otro a la hora de elaborar sus contratos.

¿Qué diferencia a uno y otro? El IPC, según la metodología estándar, recoge la evolución de precio en una cesta de productos y servicios determinada, que se supone representativa del conjunto de la economía. Por su parte, el IGC tomará como base el IPC de la eurozona, al que se le restará una parte destinada a compensar la competitividad perdida los años anteriores. Además, para hacerlo más estable, este IGC contará con un techo (no podrá superar el 2%) y un suelo (no bajará del 0%).

Para el año que viene, mientras que el IPC previsto será de un 1,3% (tal como consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado), el Índice de Garantía de la Competitividad será del 0%, según fuentes oficiales consultadas por este diario. Así, por ejemplo, en el caso de una familia que viva de alquiler, sería más beneficioso renegociar el contrato e indexarlo al IGC. Y es que precisamente la idea del Ejecutivo es que este nuevo indicador comience a ser una referencia alternativa al actual IPC para los ciudadanos particulares.

Desde el Gobierno aseguran que una economía "desindexizada" genera más empleo y crecimiento económico ante unas mismas condiciones dadas. Así, y según cálculos oficiales, en un supuesto en el que la economía española registrara un aumento de la demanda exterior del 2,5%, el hecho de tener todos los indicadores no indexados al IPC supondría un potencial de crecimiento adicional del 0,41% del PIB y del 1,05% en el empleo. Además, dicen, "en caso de caída de la economía también ayuda a amortiguarla".

El IGC nace para ser una referencia entre los particulares, pero también habrá ciertos servicios básicos sujetos al mismo. Es el caso, por ejemplo, del servicio universal del telefonía (aquel que se presta en zonas que no son rentables), que dejará de actualizarse según la evolución de la cesta de la compra oficial.

La nueva legislación será de obligada aplicación para todas las administraciones públicas, que desde enero dejarán de usar el IPC como índice para actualizar los precios de tasas, transportes regulados, energía, sanciones administrativas, telecomunicaciones y agua, entre otros servicios públicos. ¿Cómo se revisarán entonces los precios? La obsesión del Ejecutivo es "que solo se repercutan los costes reales de cada servicio", por lo que cada sector tendrá sus propios métodos de actualización. Para el diseño de los mismos se establecerá un régimen transitorio de seis meses, tiempo en el cual el Gobierno establecerá los nuevos índices. "Los precios del transporte dependerán del coste del combustible, no del precio de las lavadoras", ejemplifican desde el Gobierno.

Los distintos "valores monetarios" que dejarán de estar sujetos a la indexación del IPC son, entre otros: Las tasas y precios públicos (por ejemplo, las tasa de expedición de títulos universitarios), los precios regulados (de la luz o el transporte público, por ejemplo), las ayudas y subvenciones indexadas (por ejemplo, determinados subsidios a asociaciones), los contratos del sector público, las indemnizaciones, las multas y los seguros de responsabilidad civil. Todos ellos dejarán de actualizarse en relación a la inflación a partir de enero.

Según cálculos del propio Ejecutivo, la aplicación plena de la no indexación en rentas, precios, etc, permitirá conseguir un ahorro de al menos 700 millones de euros en el caso de que la inflación supere el 2% anual. "Para el año 2014 los consumidores podrán ahorrar unos 350 millones de euros, ya que la inflación rondará el 1%", sostienen fuentes oficiales.

Esta ley, sin embargo, no afectará (tal como ha insistido el Ejecutivo) ni a los pensionistas ni a los trabajadores. La evolución de las pensiones estará marcada por la reciente reforma aprobada por el Ministerio de Empleo. Por su parte, la negociación colectiva será la que marque la indexación, o no, de los salarios (el último acuerdo de rentas entre sindicatos y empresarios acordaron actualizaciones por debajo del IPC). Ambos colectivos, sin embargo, sí que se beneficiarían de una futura baja inflación.