El Pleno del Parlamento andaluz ha instado este jueves a la Junta, con los votos de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A, a poner en marcha, en el marco de sus competencias, mecanismos políticos, administrativos y legales al objeto de prohibir los cultivos transgénicos en espacios naturales protegidos y en zonas donde la producciónecológica tiene una presencia importante y de interés social y económico.

Así se recoge en una proposición no de ley de IULV-CA donde se planteaba también, aunque ha sido rechazado con los votos de PSOE-A y PP-A, que se prohibieran tanto los ensayos experimentales con cultivos transgénicos (sobre todo, de maíz transgénico NK603 y trigo transgénico) como el cultivo del maíz MON810 y la patata AMFLORA, y que, a corto-medio plazo, también se pusiera fin a las importaciones de materias primas y alimentos transgénicos, principalmente soja y maíz para alimentación animal.

La Cámara sí ha acordado instar al Gobierno andaluz a incluir en su interlocución agraria con las organizaciones del sector el debate sobre los transgénicos y favoreciera que se tengan en cuenta la voz de los consumidores.

En el debate, la diputada de IULV-CA María Dolores Quintana ha manifestado que con esta iniciativa se pretende dar cumplimiento a uno de los puntos recogidos en el acuerdo de Gobierno firmado con el PSOE-A, concretamente, al que recogía el "establecimiento de una moratoria en Andalucía sobre la liberación de cultivos transgénicos hasta que se lleve a cabo la revisión de la normativa española en esta materia".

Ha señalado que la situación andaluza presenta un contexto agroalimentario, medioambiental y político que "exige la prohibición" de estos cultivos para garantizar "una alimentación sana, segura, de calidad y sostenible que solo es posible sin transgénicos". Para ello, ha argumentado que es necesario que se activen los mecanismos políticos, administrativos y legales que obran en poder del Gobierno autonómico para iniciar un proceso a corto-medio plazo, en diálogo con la sociedad civil, que lleve a que Andalucía sea una zona libre de transgénicos.

Ha señalado que actualmente, nueve países europeos han prohibido el cultivo en su territorio del maíz transgénico MON 810, mientras que el pasado 5 de julio de 2011 el Parlamento Europeo apoyó el derecho de los estados miembros a restringir el cultivo de transgénicos en sus territorios en base a argumentos no científicos. Ha mostrado su preocupación por que España sea "el único país en la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, a pesar del rechazo del consumidor".

El diputado del PSOE-A Miguel Castellano ha manifestado que la competencia reside en la Unión Europea, pero que el Estado español puede ejercer un papel fundamental a la hora de utilizar cláusulas de salvaguarda para prohibir algunas producciones. En este sentido, el PSOE-A planteó una enmienda a la iniciativa de IULV-CA en el sentido de que la Junta, en el marco de sus competencias, ponga en marcha mecanismos políticos, administrativos y legales al objeto de "articular" —en lugar de "prohibir"— medidas para regular los cultivos tránsgenicos en espacio naturales protegidos.

El PSOE-A también planteó en otra enmienda que se instara a la Junta a demandar al Gobierno español que tome las medidas necesarias para concluir los estudios científicos de las variedades OMG que actualmente disponen en el país de autorización para su cultivo, en el que se analice la posible existencia de riesgos para el medio ambiente o para la salud humana.

De las siete enmiendas que el grupo socialista planteó a la iniciativa de IULV-CA, solo fue aceptada una, la relativa a tener en cuenta la voz de los consumidores. Izquierda Unida no aceptó las enmiendas socialistas que planteaban la eliminación de varios puntos de la iniciativa, como los referidos a las prohibiciones de ensayos experimentales, del cultivo del maíz MON810 y patata AMFLORA en territorio andaluz, y de las importaciones de materias primas y alimentos tránsgenicos.

Por su parte, el diputado del PP-A Miguel Ángel Arauz ha manifestado que no estamos ante una cuestión ideológica o de creencias, sino ante un debate de mucha importancia, rigor y futuro, porque estamos hablando de lo que tiene que ser la agricultura del futuro. Ha indicado que la moratoria que reclama IULV-CA no se puede aprobar ni por la Junta ni por el Parlamento porque no tienen competencias para ello y sería ilegal, sino que la única autoridad competente es la de seguridad alimentaria de la Unión Europea.