Mercedes Alaya, la jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha decidido incoar nuevas diligencias previas después de que la Guardia Civil le haya entregado un informe del que "se deduce la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales", que serían "distintos" de los investigados en el caso de los ERE.

En un auto dictado el pasado 12 de septiembre, Alaya hace referencia a un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que "se pone de manifiesto" que este grupo "ha continuado profundizando en las investigaciones que se derivaron" de un atestado policial entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el 12 de marzo de 2013.

Tras presentar ese atestado, la Guardia Civil llevó a cabo la denominada operación Heracles, en la que investigó el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

Fruto de esta operación, fueron detenidas 22 personas. Siete de ellas ingresaron en prisión, aunque actualmente solo tres continúan encarceladas.

Así, permanecen en prisión el "conseguidor" de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y los directivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual.

En su auto, la magistrada asevera que de dicho oficio "se deduce la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de nuevos ilícitos penales, así como la constatación de nuevas líneas de investigación distintas de las llevadas a cabo en la presente causa".

Por ello, acuerda deducir testimonio de las actuaciones practicadas dentro del secreto" acordado el 6 de noviembre de 2012 y levantado a finales de mayo.

Asimismo decide incoar nuevas diligencias previas, distintas de las del caso de los ERE fraudulentos, en las que "se practicarán cuantas gestiones se consideren oportunas para la averiguación de los hechos y la identidad, en su caso, de los presuntos responsables".

En el caso de los ERE hay imputadas un total de 123 personas, de las que 72 no han comparecido a día de hoy ante la juez Mercedes Alaya, que recientemente pidió imputar a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción.