El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha advertido este lunes durante la solemne apertura del año judicial de que "no hay zonas de penumbra" en las que se puedan agazapar "quienes se lucran a costa del interés común" y de que la corrupción es un delito que "no renta".

Durante su discurso, en presencia del rey, Torres-Dulce ha asegurado que existe "una creciente concienciación ciudadana" que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social".

"Vivimos una crisis económica severa y prolongada que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de la sociedad y puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país", ha dicho Torres-Dulce, quien ha señalado que ante este riesgo todos los responsables públicos deben permanecer alerta.

Ha mostrado su preocupación porque el "inevitable sentimiento de desánimo" provocado por la crisis "derivase en desafección de la cosa pública", pero ha asegurado que "esta sombría realidad" no ha mermado de momento "el deseo de participación social de una ciudadanía".

En este sentido, Torres-Dulce ha rechazado la idea de la Justicia como "ejemplarizante" y se ha mostrado más partidario de una justicia "equitativa", cuya verdadera finalidad es "restablecer el orden jurídico conculcado" y "no satisfacer sentimientos subjetivos de venganza, por legítimos que sean".

Por ello, ha dicho que ahora más que nunca es necesario "mostrar a una sociedad desmoralizada que el delito no renta, que no hay zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran a costa del interés común".

La corrupción es, según el fiscal general, una de las cuestiones que más debilitan la fortaleza moral de la sociedad y ha mostrado su preocupación porque afecte al funcionamiento y prestigio de la Administración de Justicia, "que queda en evidencia cuando no es capaz de dar una respuesta solvente y tempestiva a cada una de sus manifestaciones".

Se ha constatado, ha asegurado Torres-Dulce, una creciente concienciación ciudadana. "Me temo, sin embargo, que estas expectativas ciudadanas se hayan podido ver defraudadas por resultados parcos", ya que el problema es "espinoso" y requiere, según el fiscal general, "una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa".

Según Torres-Dulce, el panorama se complica aún más cuando a la corrupción pública se une la corrupción privada, en la que los directivos y administradores de sociedades "se prevalen de su condición para lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella".

"Abordar adecuadamente este complejo fenómeno exige aumentar la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones, corporaciones y mercados, y el establecimiento de unos mecanismos de detección precoz que permitan abortar la corrupción en sus inicios", ha dicho.

Para ello ha defendido incrementar los recursos de la jurisdicción contencioso-administrativa y del Tribunal de Cuentas, como instancias claves de control.

Tras destacar el decisivo papel de la Fiscalía Anticorrupción para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas, ha detallado que en el año 2012 se han incrementado las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 23,85%, y las de fraude cometido por autoridad o funcionario público en un 120,79%.

En cambio, han descendido las calificaciones por malversación de caudales públicos en un 31,23%, por tráfico de influencias en un 22,37% y por malversación de caudales públicos en un 31,23%.

Sobre las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia, Torres-Dulce ha dicho que han generado "un problema social de primer orden" frente al que no se puede permanecer impasibles, por lo que la Fiscalía se viene personando caso por caso en los distintos procesos abiertos.

Sobre la actividad delictiva en 2012, el fiscal general ha destacado el descenso de causas relacionadas con ETA, la estabilización del terrorismo yihadista y el incremento de las relativas al independentismo gallego y al anarquismo. A lo largo del año 2012 se han incoado 5.130.089 procedimientos penales, 4.336.255 por delito y 793.834 por falta.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha dicho que el número de jueces y fiscales es "claramente insuficiente" y será difícil evitar que ello suponga en los próximos años "un deterioro en el servicio de la Justicia".

Moliner ha recordado que en 2010 el Consejo general del Poder Judicial (CGPJ) informó de que hacían falta 450 nuevos jueces sobre la plantilla entonces existente. Desde entonces el Gobierno no solo no ha incrementado el número de jueces más que en 50 nuevas plazas (2013), sino que además ha eliminado la figura de los jueces sustitutos y suplentes, ha explicado.

"Con todo ello, se ha producido una clara reducción de efectivos en el personal judicial que trae consigo el reto difícil de conseguir evitar un deterioro en el servicio", ha señalado Moliner, presidente también del CGPJ. En su discurso de despedida, pues este mes acaba su mandato y el del actual CGPJ, Moliner ha apuntado también la importancia del "reto" de mejorar la justicia en su conjunto que afrontará "el próximo" gobierno de los jueces.

"Y ello aún teniendo en cuenta que el nuevo diseño" que le ha impuesto el Gobierno al CGPJ "indudablemente ha introducido importantes limitaciones en su estructura". Moliner ha expresado también su deseo de que el diseño y organización de la Administración de Justicia "se lleve a cabo con el mayor consenso entre las diversas fuerzas políticas", todas ellas comprometidas con una cuestión de Estado.

Moliner ha señalado también que la Justicia en España es mejor de lo que "suele afirmar": a pesar del incremento de asuntos, el número total de éstos se ha reducido en 2012 un 4,9 % respecto al año anterior. Pero ha reconocido que debe progresar en eficiencia y agilidad, sobre todo en los juzgados, por su excesiva carga de trabajo, lo que requiere más medios materiales -modernizar la oficina judicial- y humanos -más plazas de jueces-.