Los cuatro grupos del Parlamento gallego han logrado alcanzar un consenso por unanimidad en torno a la situación que viven los emigrantes retornados que no tributaron por sus pensiones extranjeras y que han sido objeto de inspección por parte de la Agencia Tributaria, de manera que solicitan, entre otras cuestiones, eximir de las sanciones a los que regularicen su situación.

La transacción que ha sido posible este miércoles a raíz de una iniciativa del PSdeG defendida por Carmen Gallego, y después de que apenas hace cinco días el consenso no fuese posible en la Comisión de Economía ante una iniciativa similar, también propone habilitar, para el caso de que tengan que afrontar pagos por sus declaraciones complementarias, "periodos de pago más largos que los estipulados habitualmente".

Ello, añade la iniciativa, "en aras de evitar el quebranto económico en las unidades familiares de estos pensionistas", toda vez que, como explicó Gallego, muchas de ellas dependen en esta situación de crisis de los ingresos de los emigrantes.

Además, la propuesta, dirigida al Gobierno de España en relación a la inspección que hace la Agencia Tributaria para las pensiones desde 2008, pide que la regularización de los pensionistas se haga "sin considerarlos como defraudadores fiscales, ofertando información pormenorizada y homogénea de sus obligaciones fiscales".

Fruto del acuerdo de todos los grupos a través de las diversas enmiendas, la resolución aprobada también propone la revisión de los convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo se puedan volver a repetir en el futuro, así como que se tengan en cuenta los mencionados criterios para "estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunidades", es decir, que los que ya han pagado sanciones puedan recuperar el dinero.

Con todo, como también había ocurrido en la comisión de economía, los nacionalistas pedían a mayores lo que el diputado del PPdeG denominó "borrón y cuenta nueva", es decir, iniciar una campaña informativa a todas las personas afectadas de sus obligaciones tributarias "obviando los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2012, procediendo a la devolución de todos los importes ya recaudados correspondientes a ejercicios anteriores". Esta parte, en todo caso, no ha prosperado.

"no son defraudadores"

La diputada socialista Carmen Gallego ha pedido no tratar como "defraudadores" a este colectivo de emigrantes, que "ven como mientras a delincuentes fiscales el gobierno de Rajoy les da amnistía, a los pensionistas gallegos los trata como delincuentes fiscales".

La diputada socialista ha hecho hincapié en que "es evidente la falta de información" que ha vivido este colectivo a la hora de presentar sus liquidaciones y advirtió de que es la primera vez que se les pide tributar por pensiones que están percibiendo de países extranjeros.

En este sentido, ha reclamado al Gobierno gallego que "se implique y defienda a los gallegos que tuvieron que marcharse, sufrieron el exilio y que hoy no pueden disfrutar de un merecido descanso".

"Francamente estamos ante una estafa más del Estado español, que aplica con mano de hierro (la ley) a unas personas que lo que lo que hicieron fue trabajar en condiciones duras y lejos de la tierra, tratando a los hijos de Galicia como ilegítimos", ha censurado la diputada del BNG Tereixa Paz.

La parlamentaria nacionalista ha calificado la actuación de la Agencia Tributaria como un "robo premeditado", actitud que ha censurado el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, quien ha criticado que se atraviesen este tipo de "líneas rojas", y quien ha hecho valer las coincidencias entre los grupos frente a las diferencias subrayadas por la oposición.

Juan Manuel Fajardo, de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que también habló de "robo", ha alertado de que "detraer" a los pensionistas las cuantías reclamadas supondría "llevar a la miseria a muchas familias", y ha lamentado que se trate a los pensionistas de "paganinis de la situación" para "cubrir los agujeros de la banca o de la financiación irregular" del PP.

Venta de ncg

Por otra parte, ha vuelto al pleno de la Cámara el debate sobre la venta de Novagalicia Banco, de la mano de la coportavoz de AGE, Yolanda Díaz, quien ha demandado a la Xunta que "impida esta tropelía" y opte por la creación de una banca pública. La iniciativa fue rechazada.

También, desde el BNG, Francisco Jorquera ha convenido que paralizar este proceso de venta es" una necesidad imperiosa", toda vez que ha criticado que se destinen 9.000 millones de euros a salvar la entidad y después "se entregue a precio de saldo" a otra empresa.

"Y es posible que la venta se haga con protección de activos, para cubrir los riesgos futuros", ha aventurado, antes de ironizar con que sería "maravilloso" que esto sucediera. "Aunque ruinoso para los contribuyentes y para Galicia", ha apostillado.

Por su parte, Abel Losada (PSdeG) se ha mostrado a favor de esta propuesta tras defender el carácter "sistémico" de la entidad, y ha atribuido la urgencia en la venta —el plazo terminaría en 2017— a que el FROB "no ve cualificado al gestor impuesto por Feijóo" para presidir NCG, José María Castellano.

Rechazo del pp

Enfrente, el portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha sostenido que la venta estaba estipulada en el memorándum de entendimiento para el rescate de la banca española por parte de la Unión Europea. "Su objetivo no es crear entidades eficientes, para no perjudicar la competencia con dinero público", ha explicado.

Finalmente, ha desechado el argumento de AGE de que se usa dinero público para "socializar" las pérdidas de las empresas privadas, toda vez que las extintas cajas gallegas eran "entidades sociales"; y de que la venta supondrá el "expolio" del ahorro de los gallegos, como dijo el nacionalista, puesto que esta afirmación corresponde a "los años 80", cuando había más depósitos que créditos.

Sin embargo, desde que "se vive de prestado", según sus propias palabras, carece de sentido. Como prueba, ha apuntado que actualmente los créditos están tres puntos por encima de los depósitos en Galicia.