La Comisión Europea ha extendido la misión que preveía enviar a la frontera con Gibraltar para examinar los controles realizados por las autoridades españolas en el paso de la Verja, con el objetivo de atender también a las quejas expresadas por el Gobierno español y vigilar el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales en El Peñón.

Bruselas trabaja desde hace semanas con España para enviar esta misión de expertos a la frontera con Gibraltar a mediados de septiembre, pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió el lunes al jefe del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, que esta delegación se planteara de manera "global" para supervisar también las actividades de la otra parte.

"Las autoridades españolas y británicas están vinculadas a esta misión", ha anunciado en una rueda de prensa un portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, al informar de que en la misión también participarán expertos en fiscalidad y contrabando de mercancías del Ejecutivo comunitario.

La fecha de la misión no ha sido aún determinada, ha añadido el portavoz, porque corresponde a las autoridades de los dos Estados miembros establecer las condiciones de la misma. Bruselas, sin embargo, confía en que sea lo antes posible y apunta que podría adelantarse respecto al calendario inicialmente previsto de mediados de septiembre.

Participara el comisario antifraude y de fiscalidad

La misión organizada por Bruselas, en coordinación con Madrid y Londres, estará dirigida por la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, porque es la responsable de la gestión de las fronteras en la UE, pero también participará el comisario de Fiscalidad, Aduanas y Antifraude, Algirdas Semeta, para estudiar los problemas de contrabando de mercancías y fraude fiscal.

Fuentes comunitarias han señalado, además, que se baraja la participación de la Oficina europea antifraude (OLAF) para tratar específicamente la cuestión del contrabando de mercancías y que, aunque quedan muchos detalles por determinar, la misión podría contar con entre 10 y 20 expertos europeos en total.

En cuanto a la fecha en que viajará la misión, las fuentes consideran prematuro pensar que pueda tener lugar antes de que concluya agosto por la falta de tiempo, y explica que, si bien hay una voluntad de llevarla a cabo "lo antes posible", no existe "urgencia". Los servicios de la Comisión siguen de cerca la situación en la frontera en las últimas semanas y "no están viendo grandes colas", apuntan las fuentes.

Con todo, el Ejecutivo comunitario insiste en que su papel en esta crisis es la de ofrecer asesoramiento legal por ser la institución responsable de velar por el cumplimiento del Tratado de la UE, pero que la disputa deber ser resuelta entre España y Reino Unido.

"La Comisión tiene una posición clara y es que esperamos que, en primer lugar, estos dos Estados miembros dialoguen, con el espíritu de cooperación de los países de la UE. Les corresponde a ellos entenderse por la vía del diálogo y resolver la situación", ha zanjado el portavoz.

"perfectamente posible un peaje en las carreteras"

Bailly ha reiterado, además, lo dicho el lunes por el Ejecutivo comunitario respecto a la ilegalidad de cobrar un impuesto o peaje por el paso de una frontera europea, si bien es "perfectamente posible" un peaje en las carreteras cercanas siempre que esté "justificado", como ya existe en otros países de la UE.

Además, ha apuntado que el Ejecutivo comunitario no se pronunciará formalmente sobre la iniciativa en la que trabaja el Gobierno porque no existe hasta la fecha "ningún anuncio legal u oficial sobre esa tasa", por lo que Barroso no abordó formalmente esta cuestión en su conversación con Rajoy, pese a haber anunciado lo contrario previamente.

Investiga si los bloques de hormigón vulneran las normas ue

El Ejecutivo comunitario también va a examinar la disputa abierta por el lanzamiento de bloques de hormigón al mar por Gibraltar, aunque no será en el marco de esta misión, sino desde los servicios comunitarios de Medio Ambiente para evaluar si esta práctica tendrá un impacto negativo en el entorno submarino.

Bailly ha indicado que Bruselas recibió una "queja formal" del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, sobre este asunto el pasado 31 de julio, por lo que ha decidido pedir explicaciones a Reino Unido. Si el Ejecutivo comunitario no da por buenas las informaciones remitidas por los británicos en las próximas semanas, podría decidir iniciar un expediente sancionador.

"Al haber recibido una queja formal de un Estado miembro debemos estudiarla y ver si los hechos (denunciados) se confirman", ha explicado el portavoz.

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