El vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra y consejero portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado, ante la probable aprobación el próximo martes de la proposición de ley presentada por grupos de la oposición para evitar despidos en las empresas públicas, que el Ejecutivo "no va a aplicar una ley que, a todos las luces y advertida por todos, es ilegal".

Según ha dicho, en este caso concreto "ya desde ahora se sabe y está advertido de inconstitucionalidad por los propios servicios jurídicos del Parlamento". "El error en origen es aprobar una ley que ya se sabe que no se puede aplicar", ha manifestado, para añadir que "es una situación no deseada por el Ejecutivo".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Sánchez de Muniáin ha manifestado que el Ejecutivo "se ve en una situación de conflicto" porque "por un lado hay un mandato parlamentario y por otro hay un principio de jerarquía normativa y otras leyes superiores que también tiene que cumplir".

Ha recordado el consejero que "prácticamente todos los informes concluyen que esta proposición de ley, si se aprueba, será con serias advertencias de inconstitucionalidad por varios motivos, por invadir legislaciones como la laboral, la mercantil, el procedimiento y otras materias".

Según ha dicho, "desde un análisis estrictamente jurídico la proposición de ley es inconstitucional y por lo tanto ineficaz y desde un análisis político, no se comprende el verdadero motivo de esta ley". A su juicio, "el poder legislativo tiene que ser en beneficio de los ciudadanos y no sólo llevar a cabo una estrategia partidista".

Se ha referido a las palabras del parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi, quien hablaba de que la ley "pretende echar un pulso al Gobierno", y eso, ha dicho, "no está entre las competencias del poder legislativo". "Ayer mismo además el Gobierno vasco suprimió 50 empresas públicas, entidades y consorcios", ha dicho, para sentenciar que "lo que parece ser bueno cerca de aquí, en Navarra se vuelve perjudicial".

Preguntado por si podría haber alguna responsabilidad en aprobar una norma que está advertida de inconstitucional, Sánchez de Muniáin ha afirmado que "la responsabilidad siempre es personal, de quien adopta la decisión". Según ha dicho, "hay control jurisdiccional sobre este tipo de decisiones". "Pero eso habrá que examinarlo o delimitarlo una vez que se produzca la decisión", ha agregado.

"recuperar la cordura"

El consejero portavoz del Gobierno ha manifestado que la actual situación en la Cámara foral "crea problemas" por lo que ha confiado en que "no se vaya a prolongar de una manera in eternum". "Aquellos grupos parlamentarios que no están por desestabilizar la Comunidad foral esperemos que recuperen la cordura y se ciñan al marco establecido", ha expuesto.

Según ha añadido, "es conocido que en el Parlamento foral concurren grupos cuyo objetivo es, por encima de todo, crear este tipo de conflictos y ese interés prevalece sobre otros; pero otros grupos parlamentarios nos consta que no". "Es un error por parte de determinados grupos que sigan esta estrategia que sólo beneficia a quienes quieren desestabilizar la Comunidad foral", ha opinado.

Ha señalado Sánchez de Muniáin que el Gobierno "no se puede imponer a la voluntad de los grupos parlamentarios". "Por lo tanto, hay que sortear los problemas que se puede crear por este tipo de situaciones de la manera más beneficiosa para los ciudadanos", ha agregado.