El País Vasco y Andalucía serán las dos primeras comunidades autónomas en recurrir la Ley de Costas, según han anunciado este martes. El Gobierno Vasco ha asegurado que recurrirá la ley al considerar que invade competencias autonómicas.

El portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Erkoreka, en su comparecencia tras la reunión del Consejo semanal, ha anunciado que presentarán este recurso, el primero que se formaliza contra la nueva ley aprobada el mes de mayo.

Erkoreka ha explicado que, en concreto, el Gobierno de Vitoria entiende que la nueva Ley de Costas vulnera las competencias vascas en materia de régimen local, en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, así como la competencia de medio ambiente y ecología.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado de que se recurrirán una decena de preceptos de la ley por considerar que vulneran la Constitución, y ha coincidido con el portavoz vasco en que invade competencias de la comunidad autónoma.

Según Vázquez, la citada norma estatal, que modifica la Ley de Costas, constituye una "regresión" en lo que respecta a la protección del litoral, pues existe la posibilidad de que terrenos anteriormente protegidos sean ahora susceptibles de urbanización.

A juicio del Gobierno andaluz, esta norma supone un "ataque frontal" a la protección del dominio público marítimo-terrestre y a las competencias autonómicas en ordenación del territorio y urbanismo.

La Junta cree que se pretende primar intereses particulares, favorecer la privatización de espacio litoral, limitar su uso público, reducir el papel garantista de la administración y promover desarrollos urbanísticos "insostenibles".

El pasado 1 de julio, representantes de los gobiernos de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y el País Vasco, cuyas costas suponen más de la mitad del litoral español, mantuvieron una reunión y ya anunciaron su intención de recurrirla.

Estas comunidades tienen de plazo hasta el 30 de agosto próximo para poder presentar sus recursos contra la ley aprobada en el Congreso el 9 de mayo, que el PP defendió como una "protección" para el litoral, mientras buena parte de la oposición la tildó de "amnistía" y de un paso más para "privatizar" la costa.

La Cámara baja aprobó la reforma de la norma de 1988 con los votos del PP, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas.