La reforma de la Ley de Costas que estos días se tramita en el Senado –podría aprobarse en el pleno del 23 de abril– va a traer importantes cambios de enormes consecuencias. La filosofía de los cambios impuestos por la mayoría del PP van en la línea de favorecer el hecho inmobiliario por encima del natural. Los grupos ecologistas acusan al Gobierno de "legalizar los desmanes urbanísticos acaecidos durante los años de burbuja inmobiliaria".

De entre los cambios, el más importante es la reducción del área de protección de costa de 100 a 20 metros en aquellas zonas con edificación consolidada y que cuenten con servicios como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de electricidad.

La consecuencia será que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su estructura, a tener todos los parabienes para hacer obras como en suelo urbano convencional.

El requisito que establecerá la nueva ley es que esté edificada una tercera parte de la superficie de la vivienda. De este modo el Ejecutivo intenta liberar a pequeños núcleos que crecieron al margen de planes y sin tener la calificación de suelo urbano antes de la anterior ley de Costas de 1988.

Defiende el Ministerio del Medio Ambiente que este cambio responde a las reclamaciones de Canarias y Galicia, y pretende resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988, que no tenían entonces la calificación de suelo urbano.

Este aspecto de la nueva ley supondrá el indulto para cientos de viviendas y desarrollos alegales. Solo en la Comunidad Valenciana con la modificación de la Ley de Costas se salvarán de la demolición cerca de 3.000 viviendas repartidas en distintos núcleos costeros.

Otra novedad es que se permitirá a los propietarios y/o concesionarios en el litoral construir obras de defensa para paliar las posibles invasiones del mar. De este modo, los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, incluidos los efecto del cambio climático, "podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión", siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

Además, la enmienda 182 del PP prevé que los propietarios que tengan procedimientos de resolución pendientes antes de que la nueva ley entre en vigor puedan conservar sus concesiones si la edificación cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien que estuvieran comprendidos en "áreas consolidadas por la edificación" en al menos un tercio de su superficie.

El portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Vicente Aparici, niega que la enmienda 182 vaya a suponer un "coladero" para legalizar construcciones ilegales porque "no es una amnistía para nada". En teoría solo afectará a tramos de municipios que ya eran urbanos y legales en la Ley de 1988.

Pero las críticas ya han llegado. El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha tildado de "excesivo" rebajar la zona de protección del litoral de 100 a 20 metros. A su juicio, un límite de 400 metros "es la única manera de preservar el litoral".

Los grupos ecologistas ya han puesto el grito en el cielo. La organización ecologista Greenpeace considera que la reforma de la Ley de Costas confirma la estrategia del Partido Popular para "seguir rebajando la protección ambiental de la costa" y favorecer su privatización.

Según esta ONG, la nueva ley tendrá graves consecuencias en la seguridad de las personas que viven en la costa, debido a la enmienda al proyecto que pretende incluir el cambio climático en la nueva norma, que ha calificado de una "desmedida frivolidad política".