El portavoz del Grupo Mixto y presidente de la Comisión de investigación del 'Caso Marea', el diputado de UPyD Ignacio Prendes, se ha mostrado este lunes confiado en que el dictamen que ha elevado a la Comisión y que ha obtenido "una mayoría muy amplia", de cuatro de los cinco grupos, se apruebe en el próximo pleno de la Junta General.

Tras la reunión, Prendes ha señalado que todos los partidos políticos con representación parlamentaria deberían estar "satisfechos" de haber abordado un asunto "de este calado y esta importancia" en la Cámara asturiana, algo que "no se había hecho hasta la fecha".

"Era muy necesario que la Junta General, en el asunto que atañe a la corrupción o las 'corruptelas' tomase cuenta, se implicase y tratase de desentrañar lo que había sucedido y, en su caso, exigir la responsabilidad política", ha afirmado.

Para Prendes, los objetivos de la comisión eran, básicamente, dos: determinar si existían responsabilidades en el ámbito político y plantear aquellas reformas y mejoras necesarias para que esos hechos no se volvieran a producir. "Creo que esos dos objetivos se han conseguidos con los trabajos de la comisión y con este informe final, que me parece un buen informe: un informe equilibrado, sensato y muy razonado", ha asegurado.

Al respecto, el presidente de la Comisión ha apuntado que el informe "no va a dar satisfacción" ni a quienes querían ver en esta comisión "exclusivamente una cacería predeterminada de personas concretas, como si esto fuera una vendetta política" ni a aquellos que han pretendido establecer el criterio de que "la democracia tiene que parapetarse detrás de los jueces".

De este modo, Ignacio Prendes ha argumentado que "sin controles judiciales no tenemos Estado de Derecho, pero sin controles políticos no hay verdadera democracia", añadiendo que, tras más de 70 páginas de informe, se reprueba a ocho ex altos cargos del Ejecutivo autonómico, encabezados por el expresidente Vicente Álvarez Areces, en base a fallos en los mecanismos de control interno y a la existencia de irregularidades que han afectado al patrimonio público de los asturianos.