El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, ha anunciado que su partido prepara la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, a raíz de la información, según la cual pagó cuotas como militante del PP durante años y hasta 2011.

"El presidente del TC no puede ser miembro de un partido político, porque el Gobierno del PP tiene un interés destacable en la mayoría de las cosas sobre las que dirime y él, por tanto, no tiene autoridad para juzgarlas", ha dicho Bosch en declaraciones a los medios en los pasillos del Parlamento catalán.

Y ha añadido en este sentido: "Esto es una falta muy grave, de manera que haremos todo lo posible por denunciar esta situación. Pediremos la comparecencia del ministro que corresponda, haremos preguntas por escrito, todas las iniciativas que estén en nuestra mano". Para Bosch, "un presidente del TC no puede ser partidista y esta situación, unida a todo lo demás, hace que España sea el hazmerreír de toda Europa, ya que no hay separación de poderes".

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho que el PSOE va a pedir la comparecencia en el Parlamento del presidente del Tribunal Constitucional.

En declaraciones a Cuatro, la portavoz ha criticado que éste ocultara su afiliación al PP y que se haya descubierto "por una documentación aportada y por un proceso judicial", en referencia a los papeles de Bárcenas.  En esta línea, Rodríguez ha manifestado que "la Constitución es clara en este asunto", y, por este motivo, antes de asumir su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, Pérez Cobos debió dejar "de ser militante del PP", ha señalado.

En referencia a las declaraciones del magistrado y de dirigentes del partido que niegan la ilegalidad de estas cuotas, la portavoz ha explicado que, a su juicio, "no se puede ser militante de un partido politico" mientras se asume ese cargo en el TC. "De ser legal, cosa que no comparto -como ahora parece que se quiere sostener- considerarían que moral y eticamente lo era", ha zanjado la portavoz, concluyendo que al PSOE "le parece enormemente grave".

Por su parte, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha pedido por su parte la "dimisión automática". Tras apoyar en un acto la denuncia presentada en Argentina contra los "crímenes de la dictadura y del franquismo", Gómez ha dicho que esta información sobre Pérez de los Cobos es "absolutamente grave" ya que los militantes tienen "un compromiso" y "deben una disciplina" al partido en el que militan.

Por ello, el líder de los socialistas madrileños ha acusado a Pérez de los Cobos de "incumplir la Constitución" y al PP de "estar acabando con España, con su credibilidad, y la de sus instituciones".

Los grupos parlamentarios de CiU, PNV y UPyD han coincidido en considerar necesario que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ofrezca una explicación.

CiU:  El diputado Jordi Jané ha afirmado en el Congreso que "se requiere" una "explicación" del propio presidente del TC para aclarar si se ha incurrido o no en una incompatibilidad prevista en la ley, que prohíbe simultanear la condición de magistrado del Constitucional con la de militante en un partido político. "En todo caso tampoco debemos prejuzgar nada, simplemente debemos pedir una explicación de hasta qué punto se ha dado o no esa incompatibilidad", ha indicado.

PNV: El diputado Emilio Olabarria ha querido ser prudente hasta haya pruebas "fehacientes" y, aunque ha añadido que "si las pruebas confirman que esto ha sucedido sería difícil sostener a esta persona como presidente" del TC, ha insistido también en que se tendrá que probar su afiliación. Olabarria cree que los elementos probatorios deben esclarecerse en sede judicial y que debe ser el pleno del TC el que se pronuncie y decida lo que considere pertinente.

UPyD: Carlos Martínez Gorriarán ha avanzado que pedirán explicaciones "con toda seguridad", aunque no quieren precipitarse hasta que se sepa "qué hay de cierto". Tanto Gorriarán como Olabarria han puesto también de manifiesto el riesgo de "politización" que supone el sistema de elección de magistrados del Constitucional.