El conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, ha manifestado que espera que la resolución sobre la devolución de las ayudas del tax lease "pueda ser asumible" por parte de los inversores, aunque ha insistido en pedir al Gobierno central que recurra la decisión ante el Tribunal de Justicia Europeo y solicite su suspensión cautelar.

Ahora, ha indicado en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press, "toca trabajar en una doble dirección" y el primer objetivo es recurrir ante el Tribunal de Luxemburgo una resolución que el Gobierno gallego considera "claramente injusta e irresponsable".

"Entendemos que hay que solicitar esta suspensión cautelar mientras se analiza porque entendemos que hay argumentos jurídicos muy sólidos que pueden ser escuchados por el Tribunal de Justicia y que llevarían a la no devolución de esta ayudas", ha sostenido el conselleiro, que ha señalado que analizan el contenido de la decisión para intentar que "los inversores no tengan que devolver unas ayudas igual que tampoco las tienen que devolver armadores y astilleros".

Pero el segundo objetivo, "pensando en el futuro", ha dicho, es "generar un espacio de confianza dentro de los inversores, con el trabajo de los astilleros y convenciendo a los armadores" para que Galicia y España sigan construyendo barcos. "Nosotros no dejaremos de trabajar por este futuro", ha manifestado.

Aunque ha señalado que la Xunta no dispone por el momento de datos sobre la cuantía a la que ascenderán las devoluciones, ha indicado que será menor que la que se preveía en un principio y que el Gobierno central había cifrado en torno a los 2.000 millones de euros. Ahora, la devolución se ciñe a los beneficios fiscales de los que disfrutaron los inversores desde 2007 a 2011.

Conde ha resaltado, además, que los astilleros y armadores "no tienen que devolver ninguna ayuda y no se les puede repercutir". Aunque en un inicio no era así, "el comisario Almunia cambió hasta tres veces la resolución y finalmente se llegó a esta situación", ha señalado.

Frente común

Ahora corresponde al Gobierno central determinar la cuantía a devolver, "dentro de los límites legales" y tendrá que ser validada por la Comisión Europea. "Será un trabajo intenso por parte del Gobierno, de la Agencia Tributaria", ha asegurado y ha vuelto a pedir que se solicite la suspensión cautelar. Además, ha puesto en valor el "frente común" en defensa del sector, que ha calificado de "muy efectivo", puesto que "consiguió alcanzar una situación en la que los daños son menos que cuando se inició este proceso".

"La modificación, al final, presenta una situación que esperemos que pueda ser asumible por parte de los inversores pero nosotros seguiremos defendiendo los argumentos jurídicos", ha reivindicado el conselleiro, que ha sostenido que la Comisión Europea "claramente no actuó ante las denuncias de los astilleros holandeses en 2006" y tardó cinco años en abrir un expediente.

"Esa inacción de la CE entendemos que es suficientemente consistente para que ahora ninguna de las partes que, en su momento lo único que hicieron fue cumplir la ley, tenga que hacer frente a estas devoluciones", ha defendido.