Casi 25 años después de que empezara a contaminarse, y con varios miles de aves muertas a sus espaldas, la Comunidad de Madrid ha iniciado por fin la restauración ambiental de la balsa de aceite de Arganda del Rey. Es, según el Ejecutivo regional, el mayor proceso de recuperación medioambiental de un espacio natural contaminado por hidrocarburos desarrollado hasta ahora en España, además de uno de los más importantes de Europa.

Y es que esta balsa, ubicada en pleno Parque Regional del Sureste, se la conoce popularmente como "la laguna negra" por lo tétrico de su ambiente. Se trata de una charca artificial en la que se acumulan unos 50.000 metros cúbicos de residuos altamente tóxicos, el equivalente a 20 piscinas olímpicas, con zonas de más de 40 metros de profundidad, además de 70.000 metros cúbicos de suelo circundante contaminado. "El aceite es tan ácido que si metiéramos la mano dentro nos quemaríamos", aseguraba este martes el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, durante la presentación del proyecto.

Situada a apenas 800 metros del casco urbano de Arganda del Rey, cada año cientos de pájaros mueren en sus orillas (está en plena zona de paso de aves), y en las horas más calurosas desprende un olor pestilente  que contrasta fuertemente con el paisaje natural que la rodea. "Una de las prioridades era impedir la contaminación de los humedales más cercanos", explican fuentes del Ejecutivo.

El daño paisajístico y natural que podría ocasionar esta balsa es, por lo tanto, enorme. La "laguna negra" tiene su origen en el vertido continuado de aceites usados desde 1989 hasta 1995 por parte de la empresa de aceites Ulibarri y Piqsa. Estos vertidos se fueron acumulando a lo largo de todo este tiempo en una superficie de 12.750 metros cuadrados, tanto como cinco cosos taurinos. La empresa quebró en 1995 y cedió el terreno a uno de sus acreedores, dejando esta parcela olvidada durante años, hasta que la Comunidad de Madrid la compró en 2009 por unos 50.000 euros con el fin de restaurarla.

"Cuando compramos el terreno no pudimos actuar contra la empresa contaminante porque el delito había prescrito. Durante estos cuatro años hemos estado estudiando cuál sería el mejor método para afrontar el problema”, explican fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.

Organizaciones como Ecologistas en Acción, vecinos de Arganda y varios partidos políticos llevaban años reclamando una actuación en esta zona y denunciaban la "inoperancia" del Gobierno regional: "Dudamos mucho de que vayan a hacer algo porque se han pasado mucho tiempo dándonos largas bajo la excusa de que no había dinero. en 2009 ya nos dijeron que los trabajos comenzarían en 2010", explica un portavoz de Ecologista en Acción. En cuatro años, la Comunidad solo había instalado un vallado para impedir el acceso de transeúntes y un disparadero para alertar a las aves e impedir que se acerquen a beber a la charca.

Acometer esta reforma costará, en total, 14,5 millones de euros y empezará a desarrollarse a finales de 2014. La laguna no se recuperará, por lo menos, hasta 2019. Uno de los objetivos es que la UE financie el 50% del proyecto a través del programa medioambiental Life +. "La decisión de la UE se conocerá en junio de 2014, pero aunque lo rechace, que sería muy raro, seguiríamos adelante, pero entonces tardaríamos más tiempo en terminar. Se trata de un proyecto único en la Unión Europea con un alto valor en I+D debido a su complejidad. En Europa se han realizado otros trabajos similares, pero siempre en zonas industriales, nunca en un espacio natural", destaca  Sarasola.

Técnicos de la empresa pública estatal Tragsa se encuentran ya trabajando  para estudiar los terrenos. No es la única entidad colaboradora. También están implicados la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la ONG SEO-Birdlife, organización especializada en gestión de hábitats, con especial énfasis en las aves y el uso público de los espacios naturales.

La recuperación ambiental de este espacio se presenta como una actuación integral que se desarrollará en el mismo terreno. Consistirá en la eliminación de los ácidos de aceite industrial que permitirá valorizar el residuo, cediéndolo después a distintas cementeras para que lo utilicen como combustible y lo quemen. "Era el proyecto más provechoso y realista. Tapiar la zona hubiera provocado un riesgo de filtraciones de agua y quemarlo habría provocado aún más contaminación. Tampoco se podía transportar el aceite en un camión. El residuo es tan ácido que no hay tráiler que lo soporte. Era preciso tratar primero el producto para neutralizar su acidez, y eso se hará en la misma laguna", explican desde  la Consejería de Medio Ambiente.