La Fiscalía de Barcelona ha anunciado este miércoles que presentará recurso ante el Juzgado de vigilancia Penitenciaria contra el tercer grado concedido a los dos expresidentes de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), Enric Roig y Antoni Herce, condenados a cuatro años de prisión por malversación.

El servicio de clasificación de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat les concedió la semana pasada el régimen abierto después de que devolvieran 646.660 euros, es decir, menos de la cuarta parte de los 2,7 millones que el Tribunal Supremo les condenó a pagar.

La junta de tratamiento de la prisión de Quatre Camins de la Roca del Vallès (Barcelona), donde están ingresados desde el 21 y 22 de mayo después de que el Gobierno les denegara el indulto, hizo esta propuesta por unanimidad, y la semana pasada Servicios Penitenciarios autorizó este régimen de semilibertad —irían a la cárcel solo a dormir— en base a criterios técnicos.

Según fuentes penitenciarias, en 2012 se concedieron 1.660 regímenes de semilibertad, para los que se tienen en cuenta diferentes criterios como que sea la primera condena, devolución de la responsabilidad civil y tener un entorno familiar y social estable, entre otros.

En aplicación de los trámites de ejecución de la sentencia, Herce ha entregado a Ferrocarriles de la Generalitat un total de 98.356 euros y ha llegado a un acuerdo por el que ingresará 200 euros mensuales a las cuentas de la empresa pública.

Por su parte, Roig ha ofrecido dos fincas de su propiedad para hacer frente al pago de la indemnización fijada en sentencia, cuyo valor alcanza los 548.303 euros y que, una vez la operación sea avalada por la Audiencia de Barcelona, pasarán a engrosar el patrimonio de Ferrocarriles.

En total, las cantidades entregadas por los condenados no alcanzan ni una cuarta parte de la indemnización de 2,7 millones de euros que deberían devolver, cantidad de la que no solo se beneficiaron Roig y Herce —que cobraron del fondo fraudulento 178 y 46 millones de las pesetas, respectivamente— sino también una quincena de exdirectivos de la empresa pública.

La Audiencia de Barcelona, que juzgó a los expresidentes, consideró probado en su sentencia que Enric Roig y Antoni Herce idearon una "trama" para la creación del millonario plan de pensiones, "ambicionando un enriquecimiento económico personal muy superior al que le proporcionaría su retribución salarial".