Los abogados del extesorero del PP Luis Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, han renunciado este lunes a su defensa por "discrepancias profesionales", según ha explicado el letrado Alfonso Trallero.

Bárcenas tendrá que pagar un abogado de oficio, ya que no tiene derecho a la justicia gratuita, si no designa uno nuevo en los próximos díasTrallero ha presentado este lunes por la mañana el escrito de renuncia a la defensa de Bárcenas en el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Gürtel' y, en una pieza separada del mismo, los papeles manuscritos atribuidos a Bárcenas sobre una supuesta contabilidad B en el PP.

Antes de presentar el escrito, Trallero ha acudido a la prisión de Soto del Real, donde está ingresado Bárcenas desde hace doce días, para comunicarle en persona la renuncia.

Los letrados llevan encargándose de la defensa de Bárcenas cuatro años, desde que en 2009 Bárcenas fue imputado en el caso Gürtel, y por ahora el extesorero no tiene un nuevo abogado.

Ahora, Bárcenas tendrá que pagar un abogado de oficio, ya que no tiene derecho a la justicia gratuita, si no designa uno nuevo en los próximos días.

Según han informado fuentes jurídicas, cuando Ruz reciba en su juzgado la renuncia presentada en el registro de la Audiencia Nacional abrirá un plazo de unos días para que designe un nuevo letrado.

Si en esos días ocurre algo a lo que los abogados deban acudir (como una declaración ante el juez), Bajo y Trallero tienen la obligación de representarle, pero si no designa nuevo letrado en el plazo concedido se le atribuirá uno de oficio que tendrá que pagar, pues no tiene derecho a justicia gratuita por su situación económica.

Una fianza "desproporcionada"

Como último servicio a su cliente,  Miguel Bajo y Alfonso han recurrido la "desproporcionada" fianza civil de 43,2 millones de euros que le impuso la semana pasada el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, porque no hay indicios suficientes contra él.

Los abogados afirman que no es posible atribuirle, entre otros, el delito de blanqueo En el recurso de reforma presentado se pide la "inmediata nulidad" de esta "elevadísima fianza", ya que no hay los suficientes indicios de criminalidad contra Bárcenas y por ello adolece de una "grave falta de motivación".

El juez Ruz le impuso la fianza el pasado viernes y le dio diez días de plazo para hacer efectiva esa suma, destinada a cubrir posibles responsabilidades pecuniarias en caso de condena en el caso Gürtel. De no pagarla en ese plazo, se procederá a embargar sus bienes.

Sin embargo, esta medida cautelar no supone su puesta en libertad, ya que se encuentra en prisión preventiva incondicional y sin derecho a fianza desde el pasado 27 de junio.

El recurso destaca que en lo investigado hasta ahora del 'caso Gürtel' no se aprecia "base razonable ninguna" para imponerla y que aún no hay los suficientes "indicios racionales de delito" contra el extesorero, cuando la jurisprudencia señala que para adoptar esta medida "resulta imprescindible la existencia indicios de criminalidad, sin que basten las meras conjeturas o hipótesis".

Los abogados afirman que no es posible atribuirle el delito de blanqueo, ni tampoco cabe hablar de cohecho, estafa procesal en grado de tentativa ni falsedad en documento mercantil, tal y como sostiene el juez.

Financiación ilegal durante 20 años

La renuncia de Trallero y Bajo a la defensa de Bárcenas se produce un día después de que el diario El Mundo publicara una entrevista al extesorero en la que afirmaba que el PP se ha financiado de forma ilegal durante veinte años.

En ella, el director del periódico asegura que el extesorero le confesó haber participado en una supuesta financiación ilegal de ese partido durante una conversación de cuatro horas, pocos días antes de que ingresara en prisión.

"Luis Bárcenas me explicó en el transcurso de una larga conversación que durante al menos los últimos 20 años el PP ha estado financiándose de forma ilegal, recibiendo donaciones en metálico de constructores y otros empresarios que a su vez obtenían adjudicaciones o contratos de las administraciones gobernadas por el partido", asegura Ramírez.