El Gobierno anula la construcción de diez centros de inserción social y una unidad de madres, uno en C-LM

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se revisa el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP) y se ha decidido prescindir de la construcción de diez centros de inserción social y la unidad de madres de León, según dicen, "por no ser necesarios". Los centros de inserción social previstos eran los de Zaragoza, Vigo II, Jaén, Asturias, Castellón, Castilla-La Mancha II, Madrid Oeste, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se revisa el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios (PACEP) y se ha decidido prescindir de la construcción de diez centros de inserción social y la unidad de madres de León, según dicen, "por no ser necesarios". Los centros de inserción social previstos eran los de Zaragoza, Vigo II, Jaén, Asturias, Castellón, Castilla-La Mancha II, Madrid Oeste, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya.

Según ha informado el Consejo de Ministros, el PACEP se elaboró el 5 de julio de 1991 y desde entonces ha sido objeto de actualización periódica. Esta nueva revisión tiene por objeto "adaptarlo a las necesidades penitenciarias actuales y lograr, así, un aprovechamiento más eficiente de los recursos financieros".

Con el fin de racionalizar los proyectos de los Centros ya adjudicados por la Administración anterior (Málaga II, Siete Aguas, Comunidad Valenciana, Soria y Ceuta), la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dio orden en el año 2012 de reducir la superficie construida, eliminar elementos suntuarios como las piscinas y otros que incrementan el coste de edificación y mantenimiento y no redundan ni en la mejora de seguridad del Centro ni en incrementar su capacidad de rehabilitación de los internos.

Con ese mismo fin se va a revisar el proyecto del centro penitenciario Norte III (Guipúzcoa), pendiente de ejecución, eliminando todas las actuaciones proyectadas superfluas o suntuarias. Con el ahorro generado por las actuaciones descritas —unos 96 millones de euros— se van a acometer obras de mejora en materia de seguridad, salubridad y eficiencia energética en 39 centros penitenciarios existentes que, como consecuencia del transcurso del tiempo, presentan cierto grado de deterioro.

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