Quince de las 32 formaciones políticas analizadas por el Tribunal de Cuentas (22 de ámbito nacional y 10 con representación en asambleas regionales) están en situación de "quiebra técnica", según el último informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008, el último disponbible y a cuyas conclusiones ha tenido acceso este diario. Estos partidos habrían registrado, según la documentación remitida al TCu, un patrimonio neto negativo; es decir, que de haber sido empresas privadas, se verían empujadas a una causa de disolución.

"Sus activos son menores que sus pasivos (deudas), debido a que gastan más de lo que ingresan. No es una situación dramática pero hacemos una seria recomendación para que dichas formaciones ajusten sus gastos a sus ingresos", explican fuentes del Tribunal. La legislación, según estas mismas fuentes, no tiene prevista una situación de "quiebra técnica" para los partidos políticos, "porque son entidades privadas pero no son empresas".

¿Cuáles son las formaciones con patrimonio neto negativo? Las fuentes del Tribunal de Cuentas señalan, entre otras, a Coalición Canaria (CC), a Convergencia i Unió (CiU), a Unió Democrática de Catalunya (UDC), al Bloque Nacionalista Galego (BNG), a la Chunta Aragonesista, al Partido Aragonesista y a Ciudadanos. Además, seis agrupaciones pertenecientes a Izquierda Unida (IU).

¿Y los dos grandes partidos? A pesar de que tienen una situación de gran endeudamiento, "van pagando sus deudas, y cuentan con un mayor número de inmuebles históricos en su patrimonio, lo que poco a poco ha supuesto un incremento del mismo", señalan desde el TCu. El informe de fiscalización de partidos correspondiente a 2008 acaba de ser aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas, y será remitido al Congreso de los Diputados estos días. El Tribunal mantiene un retraso histórico de cinco años en su labor fiscalizadora.

Los partidos cada vez tiene fuentes de financiación más diversas y eso hace complejo la labor de control. Esta y otras cuestiones se trataron durante tres seminarios organizados por la ONG Transparencia Internacional. ¿Qué se puede hacer para mejorar el control a los partidos? Los expertos apuntan a ciertas reformas, como regular la colaboración entre el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria y obligar a entidades financieras y proveedores a informar al TCu sobre sus relaciones con las formaciones.

Más allá de quiebras técnicas o no, el panorama constatado por el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto toda la deuda que tienen los partidos: 223,9 millones de euros, de los que algo más de la mitad corresponde a PP y PSOE (unos 60 millones cada uno), aunque tal como señalan fuentes del fiscalizador público, "esta se va más o menos pagando".

El problema sin resolver está en la deuda vencida, aquella que está pendiente de pagar. Así, por ejemplo, según fuentes del TCu, Izquierda Unida tiene pendientes 9,2 millones de euros, y Unió Democrática otros 1,9 millones. El endeudamiento casi supone la mitad de los recursos de los partidos, que en 2008 recibieron unos recursos públicos de 299,5 millones de euros (frente a 44,7 millones en aportaciones privadas y afiliados).

La situación de "quiebra técnica" reflejada por el Tribunal de Cuentas, aunque referida al ejercicio 2008, coincide con la que constatan los organismos de control interno de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid (IUCM), tal como muestra un informe económico del presupuesto de 2013 al que ha tenido acceso este diario. "Los datos arrojan que los ingresos ordinarios son insuficientes para soportar los gastos. Ante esta situación, lo que se hace es una huída hacia delante, sin presentar un plan de viabilidad económica a corto, medio y largo plazo", señala el documento.

Las cuentas de IUCM para 2013 presentan un déficit estructural de 200.000 euros y unos gastos fijos de 1.237.300 euros, "sin considerar los gastos por actividad política ni la amortización del nuevo préstamo previsto". El informe, muy crítico con la actual dirección, que ostenta Eddy Sánchez, tilda el presupuesto presentado de "farragoso" y asegura que mezcla ingresos "ciertos" con otros meramente voluntaristas.

Ante esta realidad, la Comisión Regional de Cuentas exige el relevo inmediato de los gestores del partido en Madrid y la impugnación del presupuesto 2013 aprobado por el Consejo Político Regional, así como la ejecución del presupuesto de 2012, que "tanto por su procedimiento de tramitación como por el contenido del mismo supone, de hecho, profundizar en la situación de deuda y ruina que tiene IUCM".

La situación es tan grave, admiten miembros próximos a la dirección del partido, que la caída de la federación de Madrid provocaría un desastre en la organización a nivel nacional: "Si no tenemos dinero para la próxima campaña y no conseguimos aumentar nuestra representación, no podremos hacer frente a nuestros pagos, nadie nos prestará dinero y no conseguiremos arrastrar a los votantes de cara a las elecciones generales. IU Madrid es absolutamente vital para IU en España".

Estos no son los primeros problemas económicos sufridos por Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. En marzo de este año Hacienda comenzó a subastar locales en Getafe, Alcorcón, Arganda y Velilla de San Antonio, debido a las deudas de 1,2 millones de euros que la formación mantiene con la Agencia Tributaria por las retenciones del IRPF desde 2009.